Según datos del Ministerio de Hacienda, en la actualidad los municipios con menos de 5.000 habitantes pagan por el mismo servicio el triple que los que superan los 100.000 habitantes. Así que, de acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el Gobierno ha optado por desarrollar un marco normativo que evite este tipo de situaciones. La ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local tiene cuatro patas: clarificación de competencias, racionalización de la estructura local, un riguroso control presupuestario y transparencia.
Hacienda llevó al Consejo de Ministros un primer documento en julio de 2012. Año y medio después, el texto aprobado por las Cortes ha sufrido modificaciones ya que fue contestado incluso por las bases populares. La ley incluía la posibilidad de suprimir municipios, la reducción del número de concejales y la eliminación de sueldos en los pueblos más pequeños. Unos puntos modulados y eliminados durante la tramitación parlamentaria.
Se revisan las restricciones en los salarios
Los municipios son los principales afectados por esta reforma. Los que tengan menos de 20.000 habitantes deberán revisar con las diputaciones su viabilidad a la hora de prestar determinados servicios. Buena parte de los más de 8.000 pueblos que hay en España tienen este tamaño. Igualmente, se establece un nuevo reparto de competencias: educación, sanidad y servicios sociales pasarán a ser gestionados por las autonomías. Los ayuntamientos, no obstante, podrán seguir prestando estos servicios si aseguran el pago correspondiente. La aplicación de este punto depende de la futura reforma de la financiación autonómica y local.
Otro punto muy discutido afecta a la retribución de los alcaldes, que no podrán cobrar en ningún caso más que un secretario de Estado (entre 95.000 y 100.000 euros anuales). Una enmienda aprobada en el Senado ha suavizado las restricciones en los salarios de los alcaldes de los municipios más pequeños. Así, los alcaldes de localidades entre 10.000 y 20.000 habitantes podrán cobrar hasta el 50% del sueldo de un secretario de Estado, y no el 45%, como estaba previsto. Los ediles de pueblos de 2.000 a 5.000 ganarán hasta un 40%. Y se ha eliminado el punto que eliminaba las retribuciones a los ediles de pueblos de menos de 1.000 habitantes.
Los ayuntamientos estarán obligados a elaborar planes económicos financieros, liberalizar algunas actividades que hasta ahora estaban reservadas a la iniciativa pública local y modificar su normativa respecto al ejercicio de determinadas obligaciones, entre otras novedades.
Administración eficiente
Las diputaciones pasan a ser el organismo encargado de garantizar la racionalización económica. Ahora coordinarán la prestación de los servicios mínimos obligatorios en los municipios más pequeños y asumirán nuevas competencias, como lo relativo a la administración electrónica o la contratación centralizada. El objetivo es acercarse al tamaño mínimo que exige una administración para ser eficiente.
En su papel de «policía», las diputaciones harán un seguimiento de los costes que afronten los municipios de su provincia. Cuando esta cifra sea mayor que la que ellas pueden proveer, las diputaciones ofrecerán su colaboración para lograr un gestión coordinada y más eficiente. También tendrán que garantizar la aplicación de las medidas contenidas en los planes económico-financieros de los entes locales y, junto a las comunidades autónomas, supervisar el resultado de los procesos de fusión.
Por otro lado, las entidades locales menores y las mancomunidades sólo podrán subsistir si cumplen con la obligación de rendir cuentas a tiempo. Las comunidades autónomas deberán financiar aquellas competencias que pasen a asumir en lugar de los municipios, así como coordinar con las diputaciones las posibles integraciones. De este modo, las autonomías tendrán que ajustar aún más sus gastos. Todo esto en un complicado contexto económico: diez comunidades se han adherido al Fondo de Liquidez Autonómico, un mecanismo para atender a los vencimientos de la deuda.
El PSOE recurrirá
Según el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la reforma local permitirá corregir los «desequilibrios» de la administración. En su defensa de la ley esta semana en el senado, el objetivo es dotar tanto a la economía como a la oferta de servicios públicos de «la flexibilidad y competencia necesaria para lograr el crecimiento económico y sobre todo la mejora del bienestar social».
«Este proyecto ni privatiza ni destruye lo público», aseguró. El PSOE opina lo contrario. Gaspar Zarrías, que encabezó una concentración de alcaldes concejales a las puertas de la Cámara Alta, han desaparecido ya por la crisis unos 300.000 trabajos locales, a los que se sumarán otros 150.000 según los datos ofrecidos por los sindicatos. Los socialistas presentarán un recurso de inconstitucionalidad en cuanto la norma se publique en el BOE. El PSOE ha acudido al Tribunal Constitucional ya, al menos, en una quincena de ocasiones.
Fuente: ABC
via Actualidad http://www.revistacunal.com/actualidad/1819-una-administracion-una-competencia-asi-es-la-reforma-local
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