El presente trabajo pretende analizar las posibilidades de defensa de los particulares frente a restricciones a la libertad de empresa, sobre todo de índole regulatoria. Esta cuestión ha cobrado gran actualidad a raíz de la atribución a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de legitimación activa para impugnar las normas de rango inferior a la ley ante los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa. Se analiza también la relación que existe entre la libertad de empresa y la libertad de circulación, sobre todo teniendo en cuenta la relación de estos principios con las potestades normativas de las Comunidades Autónomas en el marco competencial definido en la Constitución y el reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre esta cuestión.
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