Como ya se hiciera en relación con ejercicios anteriores, en esta fiscalización se han analizado de forma específica las cuentas anuales de las empresas municipales, que gestionan un amplio volumen de recursos, y que, como se ha verificado en años anteriores, existen en un número relevante sin actividad o con resultados negativos. Asimismo, se ha efectuado un examen más amplio del endeudamiento de las entidades locales.
En 2015 el sector público local se encontraba integrado por 12.973 entidades, constituyendo la estructura fundamental los ayuntamientos, 8.122, que representaban el 63% del total de las entidades locales, entre ellos, un número muy elevado de muy pequeña población. Resultaba, asimismo, significativo el número de entidades de ámbito territorial inferior al municipio (EATIM), 3.707, que representaba el 29% del total.
En el Informe se recogen un conjunto de conclusiones, estructuradas atendiendo a los distintos aspectos analizados. Entre ellas, pueden destacarse las siguientes:
En cuanto a la rendición de cuentas
El 56% de las entidades locales rindieron la cuenta del ejercicio 2015 en el plazo legalmente establecido. Este porcentaje resulta inferior al registrado en 2014 (62%), habiéndose puesto en marcha por el Tribunal de Cuentas y los órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas, como en años anteriores, planes de actuaciones para promover la rendición.
También el porcentaje de rendición de las cuentas de 2015 a 31 de diciembre de 2016 –el 73%- fue inferior al de 2014 a la fecha equivalente -el 76%-. Esta situación supone un cambio de la tendencia al alza que venía produciéndose hasta el ejercicio 2013.
A 31 de diciembre de 2016 no habían enviado la cuenta del ejercicio 2015, 3.081 entidades que correspondían a: 1.641 ayuntamientos, cuatro cabildos insulares, tres diputaciones provinciales, 407 mancomunidades, diez agrupaciones de municipios, seis comarcas y 1.010 EATIM. El 22% de los ayuntamientos no había rendido la cuenta de 2015 dos meses y medio después del plazo legalmente establecido. De especial relevancia resultó que el 25% de los ayuntamientos de entre 100.001 y 500.000 habitantes y el 30% de los de entre 50.001 y 100.000 habitantes, no lo había hecho a dicha fecha.
Por Comunidades Autónomas, el menor grado de rendición, a 31 de diciembre de 2016, correspondía a las entidades locales de Andalucía, con un 34%. Las entidades locales del resto de comunidades autónomas, excepto Castilla-La Mancha (62%), Región de Murcia (63%), Cantabria (65%), se situaron en niveles de rendición, a 31 de diciembre de 2016, superiores al 70%. Entre el 80% y el 90% se encontraban: la Comunitat Valenciana (88%), La Rioja (88%), Principado de Asturias (87%), Galicia (86%), Cataluña (83%), Comunidad de Madrid (82%) y Canarias (81%). Sólo las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Aragón superaron el 90% en su nivel de rendición, habiendo influido notablemente en ello la aprobación de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, que condicionó la concesión de subvenciones a las entidades locales al cumplimiento de la obligación de rendir sus cuentas.
En relación con el análisis presupuestario del ejercicio 2015
El gasto ejecutado en el ejercicio 2015 por las entidades locales de las que se dispone información presupuestaria, ascendió a 44.918 millones de euros, manteniéndose en los mismos niveles que el ejercicio anterior. Los ayuntamientos gestionaron el 79% del total de dicho gasto, el 17% las diputaciones, cabildos y consejos insulares; las áreas metropolitanas un 2%; las comarcas y las mancomunidades un 1% cada tipo de entidad, el resto de entidades (agrupaciones de municipios y EATIMs) gestionaron un gasto inferior al 1% del total del gasto local en 2015.
El gasto total del ejercicio 2015 se destinó por las entidades locales a gastos en bienes corrientes y prestación de servicios y a gastos de personal (58% del gasto total), gasto en transferencias –corrientes y de capital- (18% del gasto total), gasto de endeudamiento –por intereses y por amortización de la deuda- (12% del total), gasto en inversiones (11% del total) y gasto en activos financieros (1% del total).
Las áreas a las que más recursos destinaron las entidades locales en 2015 fueron: servicios básicos (34% del total) y programas de actividades de carácter general (21% del total).
El pronunciado incremento en el ejercicio anterior de los gastos de amortización de la deuda de las entidades locales tuvo carácter extraordinario, produciéndose en 2015 el efecto contrario. Los gastos generados por el pago de la deuda experimentaron una caída: un 40% los gastos financieros y un 23% el gasto por amortización de pasivos financieros.
En 2015 se modificó la tendencia de reducción de los gastos no aplicados a presupuesto que se venía registrando en ejercicios anteriores, incrementándose un 5%. El importe de los pagos pendientes de aplicación registró en 2015 una disminución menor que en ejercicios anteriores.
En cuanto a los ingresos, se indica en el Informe de fiscalización que las entidades locales se financiaron en el ejercicio 2015, fundamentalmente, mediante ingresos tributarios, en un 53%, y transferencias corrientes, 36%, prácticamente igual que en 2014. El endeudamiento supuso únicamente el 4% de la financiación local. Los ingresos del conjunto de las entidades locales en 2015 se mantuvieron en importes similares a los obtenidos en 2014, registrando un incremento del 1%. Los ingresos por operaciones financieras disminuyeron un 17%, principalmente, por la caída de un 28% del recurso a la emisión de pasivos financieros.
El resultado presupuestario del ejercicio 2015 reflejó un saldo positivo de 2.714 millones de euros, siguiendo la tendencia que se inició en el ejercicio 2012. La solvencia de las entidades locales mostró una situación agregada positiva.
El endeudamiento en 2015 se situó en 26.481 millones de euros, lo que supone una disminución de un 6% respecto al ejercicio anterior y de un 17% en relación con las cifras de 2013. Los ayuntamientos representaron el 88% del total del endeudamiento de las entidades locales. La proporción de endeudamiento sobre el total de ingresos corrientes del conjunto de entidades de las que se dispone de información fue de un 61%. La carga financiera en 2015 se redujo en un 25%. En términos generales, las entidades locales han tenido que destinar un menor nivel de recursos obtenidos a partir de los ingresos corrientes que en el ejercicio anterior, para atender a los gastos financieros y de amortización de pasivos financieros.
En relación con las entidades dependientes, en particular, con las sociedades mercantiles dependientes y las entidades públicas empresariales
En 2015, las transferencias de fondos de las entidades locales a sus entidades dependientes representaron el 51% del total de las realizadas.
La financiación ajena de las sociedades mercantiles suponía en dicho ejercicio el 50% del total del patrimonio neto y pasivo del balance agregado. El 33% de las sociedades mercantiles dependientes y las entidades públicas empresariales presentaron resultados negativos en sus cuentas de pérdidas y ganancias, poniendo de manifiesto la existencia de un sector público empresarial local constituido por un elevado número de sociedades con pérdidas. De acuerdo con la información de las cuentas anuales presentadas por las sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales, una parte de su activo corriente se financiaba con patrimonio neto y pasivo no corriente, lo cual es una situación favorable desde punto de vista financiero.
En relación con la contratación administrativa
Las entidades locales han incumplido en gran medida la obligación de remitir motu proprio al Tribunal de Cuentas, las relaciones certificadas de contratos o, en su caso, las certificaciones negativas que impone la normativa de contratación; sólo el 60% de las mismas lo hicieron. Tras el desarrollo por el Tribunal de un plan para promover su remisión en las Comunidades Autónomas sin Órgano de Control Externo propio (Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Región de Murcia y la Rioja), lo llevó a cabo el 93% de las entidades locales de estas.
El Informe contiene recomendaciones, en su mayoría reiteradas en informes y mociones anteriores y recogidas en resoluciones de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, destacándose las siguientes:
Debería procurarse la homogeneización en la normativa estatal y autonómica de los plazos de rendición de las cuentas de las entidades locales en todo el territorio nacional, así como regularse plazos de tramitación y rendición más breves, de forma que se aproxime la rendición de cuentas y, por tanto, su control a la gestión a la que hacen referencia, con criterios de transparencia y oportunidad.
Resultaría conveniente promover las reformas legales oportunas para que la rendición de cuentas, tanto de las entidades locales principales como de las dependientes, sea considerada en todo el territorio nacional requisito indispensable para el acceso por las entidades locales a los procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones públicas. Asimismo, debería instarse a la Administración estatal y autonómica a que hagan efectivas de manera oportuna las medidas que ofrece la normativa para impulsar la rendición de cuentas.
Habría de revisarse la normativa actual en relación al procedimiento de rendición de las cuentas generales de las entidades locales en el caso de no ser aprobadas por el Pleno de la correspondiente entidad.
Habrían de establecerse medidas para que el presupuesto de las entidades locales constituya un auténtico instrumento de gestión, planificación y toma de decisiones, así como de medidas estructurales que permitan garantizar la solvencia financiera de las entidades locales.
Deberían acordarse y aplicarse medidas de gestión del gasto público que fomenten e incentiven la imputación a presupuesto y la contabilización de todas las obligaciones por parte de las entidades locales, para conseguir la máxima transparencia y fiabilidad de la información contenida en sus cuentas. También deberían llevarse a cabo por aquellas operaciones contables y presupuestarias para regularizar los pagos pendientes de aplicación a presupuestos.
Sería conveniente avanzar en la reorganización del sector público local, en particular, debería considerarse la disolución de las entidades que no ejercen ningún tipo de actividad, fundamentalmente, en el sector público local empresarial, de modo que su actuación y permanencia responda a razones de eficiencia, estabilidad, racionalidad y sostenibilidad financiera.
Las entidades locales deberían habilitar mecanismos que garanticen el envío regular al Tribunal de Cuentas de la información relativa a su actividad contractual.
El contenido del presente Informe (nº 1.230) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (ver aquí).
Fuente: Tribunal de Cuentas
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