Tras la reforma de la Administración local, se configura un escenario complejo con la colisión de principios constitucionales y los retos derivados de nuevos deberes municipales y derechos de la ciudadanía. La tutela financiera de las Corporaciones locales y los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera retraen el ejercicio de la autonomía local. El control del Estado sobre las competencias y capacidad jurídica de los entes locales provoca efectos recentralizadores, aunque paralelamente emerge un modelo de gobernanza local con tendencia a la calidad democrática en base a los principios de eficiencia, cooperación, transparencia, participación o rendición de cuentas.
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