Este artículo analiza los principales problemas que plantea la regulación del procedimiento de ejercicio del derecho de acceso por la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, recién cumplido el plazo para su aplicación en las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, así como las distintas soluciones por las que han optado las distintas entidades que han aprobado sus propias regulaciones sobre acceso a la información pública. Todo ello, a la luz de las primeras interpretaciones que de dicha normativa está haciendo el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, después de un año de aplicación de la Ley. Tras identificar los principales problemas que surgen en la aplicación de la normativa de acceso a la información, se intentan presentar opciones interpretativas que respeten, en la medida de lo posible, la efectiva realización del principio de transparencia.
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