Si bien el Consejo General, con ocasión del primer borrador de la Ley, propuso en su día la creación de un organismo independiente de funcionarios para instruir los expedientes y resolver las eventuales discrepancias que en su caso pueden producir diferencias entre interventores, secretarios, tesoreros y Secretarios-Interventores con alcaldes, el Consejo General valora muy positivamente el régimen disciplinario establecido por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que supondrá sin duda una mayor independencia en el ejercicio de las funciones de control de legalidad, de la gestión económica y de la custodia de los fondos públicos.
El Consejo General considera que esta medida supone un avance histórico muy importante en beneficio de este control que debe realizarse con total respeto del principio democrático. Sin control del poder no hay democracia, y esta medida facilita enormemente el adecuado ejercicio de los necesarios controles que exige una democracia moderna y consolidada así como el principio de buena administración para prevenir conductas que puedan derivar en actos de corrupción.
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