Tras las amenazas, con dos expedientes disciplinarios y un juicio pendiente, es rotundo: "La corrupción no es un problema de Bárcenas y Urdangarines sino de concejales y brigadas de obra”.
Interventor. Es aquel encargado de supervisar si las contrataciones y el empleo del dinero público se ajusta a la ley. Una figura designada por el Estado, pero que orgánica y económicamente depende del alcalde de turno. Carecen de jerarquía y, por ello, no pueden denunciar a un órgano superior que se están cometiendo delitos. Sus informes se quedan en la mesa del alcalde. Y si no son de su gusto, en la papelera.
Esta radiografía es, a trazos gruesos, la triste realidad de una figura cuya labor es tan desconocida como denostada. Lo cuenta Fernando Urruticoechea, interventor de profesión y uno de los mayores cruzados contra la corrupción en nuestro país. Declarado persona 'non grata' por los alcaldes que se han enfrentado a sus informes, Urruticoechea lleva dos décadas destapando en ellos las irregularidades cometidas en los Consistorios en los que ha trabajado-Galdakao, Sestao, Laredo, Ermua, Leganés, Castro Urdiales, Crevillent...- y su caso es sin duda el ejemplo más paradigmático del calvario que viven aquellos que desafían al poder.
Cuenta que cuando llega a un ayuntamiento empieza a recibir botellas de vino. La anécdota ilustra todo un entramado corrupto de acoso, coacciones, amenazas, intereses y complicidades que se extiende a lo largo y ancho de la geografía. Su diagnóstico es rotundo y pesimista. “La corrupción no es un problema de Bárcenas, Urdangarines, Correas y cuentas en Suiza, es un problema de concejales y de brigadas de obra”.
En los dos primeros años tras su llegada a Castro Urdiales, localidad cántabra que llegó a ser conocida como 'la Marbella del Norte' por su desmesurada fiebre constructora, Urruticoechea llegó a elaborar hasta 400 informes internos en los que se informaba de las ilegalidades en la gestión municipal.
"Se defiende al corrupto, es el mundo al revés"
Los textos, demoledores, reflejaban una realidad de mal uso de dinero público, contratos a dedo y sobresueldos que llegaron incluso al foco del Tribunal de Cuentas. El diagnóstico era claro, existía una trama de corrupción generalizada que implicaba a tods los partidos de la Corporación, empresas constructoras y funcionarios. Urruticoechea recurrió a cuatro jueces y al Fiscal Superior de Cantabria, pero sus denuncias cayeron en saco roto. Tampoco la llegada de un nuevo gobierno tripartito, compuesto por PRC, PP e IU salvó la situación. Sufrió acoso y fue denostado laboralmente. En 2003, el pleno municipal aprobó una propuesta para separarle del servicio por cometer faltas muy graves en el desempeño de sus funciones.
Una etapa difícil, de la que reconoce, arrastra aún las consecuencias. Su última 'cruzada', en el ayuntamiento de Crevillent (Alicante), le ha atestado un nuevo golpe. “Estoy inmerso en un segundo expediente disciplinario, tengo una demanda de honor de la empresa sobre la que hice informes de legalidad que me pide 150.000 euros, tengo el juicio en diciembre”. La empresa en cuestión es Abonarsa, contrata para el tratamiento de basuras, cuyo servicio Urruticoechea consideró ilegal. En Orihuela, su actual destino, cuenta, ha recibido amenazas verbales.
La pregunta se antoja obvia, pero la respuesta no tanto. ¿Se arrepintió alguna vez de denunciar? “Bastantes”, resuelve. “Sobre todo, tengo la sensación de haber ido mucho más allá de lo que se puede soportar. Más allá de lo soportable...”
Su compromiso con la legalidad y su vocación de poner luz sobre los excesos del poder le han enseñado la cara más amarga de ir contra lo establecido. “Lo peor son las situaciones insufribles, la injusticia tremenda, que por cumplir con mi labor de interventor me vea con expedientes disciplinarios, es algo kafkiano, el mundo al revés”.
La "cultura de la satisfacción" o el por qué todo el mundo calla"
Presume, casi disculpándose, de la concesión del Premio Urogallo que otorga la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria, y que en 2009 reconoció su “lucha profesional contra la corrupción urbanística en Castro Urdiales”.
Pero al tiempo, transparente, no esconde que su empeño le costó su vida personal. “Lo he comentado con otras personas en mi situación y esto es una característica que se produce en casi todos los casos, los divorcios, las rupturas..”, asume con una naturalidad resignada. Sólo entonces se le quiebra por unos minutos la voz. “Es cuando te das cuenta de lo que pasa, tú estas cumpliendo con tus obligaciones y piensas que es lo normal, piensas que contigo no van a poder, que eres un funcionario que estás cumpliendo con tu labor...”
Urruticoechea traza una maquinaria de corrupción perfectamente engrasada, que tiene su vértice en el alcalde y su base en el auxiliar de brigada del ayuntamiento de turno. Un 'modus operandi' ensayado durante décadas y que responde a lo que denomina la “cultura de la satisfacción”, una escala de intereses correspondidos en el que cada uno, a su nivel, se alimenta del otro.
“El brigada hace chapuzas por la tarde, de forma privada, con material municipal. Y sus oficiales lo saben, pero callan porque luego ellos se llevan parte de los albaranes de la compra de esos materiales. A su vez, el aparejador de las oficinas técnicas también calla, porque se llevan su parte en los contratos. Sus superiores, los arquitectos, también callan, cambio de tener mano para trabajar en privado pese a las incompatibilidades y sacarse un sobresueldo. Y el concejal de urbanismo, que sabe lo que hacen sus ingenieros y arquitectos calla, porque se lleva las comisiones”. Una pirámide de “degradación moral de las administraciones públicas” sostenida, durante años, con el silencio de una ciudadanía que, en el fondo, ignora el nivel de corrupción en la que está inmersa.
Por su experiencia, afirma, las sospechas dejan poco margen para la honestidad política. “En todos los municipios donde ha habido urbanismo, crecimiento urbano y en todos los que tienen contratos de servicios importantes, como agua, basura o jardinería, nos encontraremos seguramente ante una trama mafiosa”, asegura. ¿Y la Justicia? “En general, pertenece también a la trama de corrupción. Y además carece de medios. Cuando los asuntos pasan a altas instancias, se pierden”.
160 imputados, ocho condenas
Recuerda, por ejemplo, cómo el juez instructor en Castro Urdiales, batalló durante ocho años en soledad, sin apoyo de fiscales de zona y con la oposición de la fiscal jefe de Cantabria. “Dictó 160 imputaciones, pero sólo hubo ocho condenados. ¿Por qué? Porque todos estos imputados, que son de partidos políticos y de empresas constructoras utilizan los mejores abogados y ponen continuas trabas a la instrucción”.
David contra Goliat. El círculo vicioso de la corrupción tiene su origen en el mismo poder y acaba encerrando al que la denuncia. “Estamos desprotegidos, porque los corruptos tienen el poder económico y político y es absurdo, no se van a hacer el harakiri”, resume Urruticoechea, recordando que España no ha traspuesto la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que en sus artículos 32 y 33 recomienda la protección de testigos, peritos, víctimas y denunciantes.
"El buen funcionario acaba corrompiéndose"
“Aquí se estimula la corrupción, no el buen comportamiento.La mayoría de funcionarios con buenas prácticas se acaban corrompiendo porque ven las consecuencias del de al lado. Hay que informar del minudeo de la corrupción, como yo digo. Por ahí viene la solución, por la presión social, porque los ciudadanos que se atrevieran a denunciar estuviesen blindados. Esa es la revolución pendiente”.
Él, desconfía del mensaje "insustancial, hipócrito y falso” de los políticos. “Esto no se va a acabar hasta que no haya un vuelco absoluto”, sentencia. ¿Y eso cómo se consigue? “Haciendo ver al que tiene tentaciones de lucrarse de lo publico que existe un peligro. Si lo que domina es la impunidad, se desmadra, como es el caso español. Aquí hay más corrupción que en Grecia, está descabalada. Y no hay más que coger cualquier contrato de cualquier ayuntamiento”.
Petición en change.org
El experto en comunicación, Pablo Herreros, es el creador de una petición en la plataforma change.org que persigue que los dirigentes políticos adopten un auténtico compromiso para proteger a los denunciantes de corrupción.
En la petición se solicita, por ejemplo, que se permita la denuncia anónima para casos de corrupción de representantes públicos, que los denunciantes tengan acceso a una asistencia jurídica gratuita y atención psicológica o que el despido de un denunciante o testigo de corrupción política durante el tiempo que dure el proceso sea considerado nulo.
Herreros recuerda que el artículo 33 de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, que España ratificó en 2003, recomienda desarrollar la protección a testigos de corrupción mediante una normas nacionales. Sin embargo, 12 años después ningún gobierno lo ha hecho.
“Creo que no ha habido ninguna voluntad política en España para eso y han tenido muchas oportunidades. Tenemos que poner el foco sobre los corruptos, dejar clarísima la presión ciudadana sobre ellos. Nuestros hijos no pueden crecer viendo que ser delincuente merece la pena y ser denunciante es un calvario”, afirma rotundo Herreros.
En su opinión, la medida más urgente para frenar a los corruptos es la educación. “La gente piensa ¿Pero quién no va a robar? Todos llevamos dentro la corrupción, tenemos que volver a los valores”, concluye.
En marzo de este mismo año se presentó el documental 'Corrupción, el organismo nocivo', una cinta-denuncia dirigida por Albert Sanfeliu y Teresa Soler,con la que se pretende dar voz a los denunciantes de la corrupción. Sus testimonios se acompañan del análisis de expertos, entr ellos el exfiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo.
La productora del documental, Pandora Box TV, denunció censura y presiones para que el documental no saliese a la luz, aunque finalmente, la colaboración de 451 ciudadanos 'mecenas' permitió que la denuncia no quedase silenciada. Entre sus protagonistas se encuentra también Urruticoechea, que comparte su 'calvario' con otras víctimas de la corrupción, como Itziar González, exconcejal en Barcelona que destapó la 'trama Palau', Albert Gadea y Maite Carol, cuya labor fue fundamental para descubrir el 'Pretoria' o Carlos Martínez, inspector que informó sobre los fraudes cometidos en las subvenciones para desempleados en Cataluña.
Fuente: La Información
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