La reforma local que Rajoy anunció en el verano del 2012 como una revolución para meter en cintura a los ayuntamientos se va por el desagüe. Los aspectos con los que el Gobierno central buscaba lanzar un guiño a una ciudadanía asfixiada por los recortes, con medidas como el drástico recorte de ediles y de sus retribuciones, fueron suprimidos antes incluso de la aprobación de la norma. El Ejecutivo cedió a la presión de los alcaldes. Pero preservó, en cambio, una regulación que supondría un vuelco en el mapa de servicios que prestan los ayuntamientos para reforzar a las diputaciones. Ante esa amenaza, las comunidades autónomas echaron mano de sus competencias estatutarias sobre el régimen local para desactivar el impacto que tendría la reforma en la gestión municipal. El Gobierno de Feijoo lo hizo a través de una ley de medidas urgentes que blindaba los servicios básicos de los concellos. Su aprobación en solitario por el PP, hace un año, abrió un conflicto con el Ejecutivo central, con el riesgo de acabar en el Constitucional si no había acuerdo entre las partes.
Pero la comisión bilateral entre la Administración del Estado y la comunidad autónoma alumbró el entendimiento. El acuerdo publicado ayer en el Diario Oficial de Galicia deja en pie los pilares de la norma autonómica, que salvaba el grueso de los problemas que la reforma local planteaba a los concellos al establecer que los servicios que ya prestaban antes de la entrada en vigor de esa ley, el 1 de enero del 2014, no serán considerados nuevos.
Convenios con la Axencia
El acuerdo subraya que, tanto para prestar competencias distintas a las propias como para las que tuvieran delegadas cuando entró en vigor la reforma y las nuevas, los concellos deberán cumplir los requisitos de no incurrir en duplicidades con otra Administración y no poner en peligro su sostenibilidad. La autorización de la Xunta solo será necesaria para los servicios que no prestaban antes del 1 de enero del 2014. La Administración autonómica evaluará que el concello tiene la suficiencia financiera para asumir el servicio y no duplica su prestación. El director xeral de Administración Local, Alberto Pazos, destaca que el conflicto con el Estado «se resolvió favorablemente, desde la lealtad institucional». Como Galicia, otras 9 comunidades impulsaron leyes y decretos para preservar los servicios. Pazos sostiene que «nunca fue un pulso de las comunidades al Gobierno. Es más una cuestión técnica», matiza.
Por otra parte, la conselleira de Benestar, Beatriz Mato, garantizó ayer a la dirección de la Fegamp que el traspaso de servicios que prestan 127 concellos dentro del Consorcio a la Axencia de Servizos Sociais no implicará una mayor aportación económica municipal. «É máis, na inmensa maioría dos casos será inferior», señaló Mato, que resaltó la «legalidade e flexibilidade» de los nuevos convenios.
La Fegamp presentó ayer una ordenanza tipo para que los 314 concellos puedan cumplir la ley que, desde el 1 de enero próximo, les obligará a realizar las licitaciones de forma telemática. En su elaboración colaboraron la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia y el Colexio de Enxeñaría en Informática.
Fuente: La Voz de Galicia
via Actualidad http://ift.tt/1HXKrgx
No hay comentarios:
Publicar un comentario