Este trabajo plantea una reflexión sobre las consecuencias que la configuración tradicional del privilegio de la autotutela administrativa en el Ordenamiento jurídico español tiene para la tutela judicial efectiva del administrado. En particular, estudia el concepto, justificación y alcance de ese privilegio, analiza las principales novedades que la vigente Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa de 1998 ha introducido en el proceso contencioso-administrativo y su aplicación por los órganos jurisdiccionales, y contiene propuestas de mejora de la articulación entre la autotutela administrativa y la tutela del administrado en aspectos tales como el régimen de los recursos administrativos, la tutela cautelar y la introducción en el ámbito administrativo de los procedimientos alternativos de resolución de conflictos.
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