La moción aprobada por 920 municipios catalanes (de un total de 947) a favor de la consulta del 9 de noviembre va a tener una respuesta legal por parte del Gobierno. Los servicios jurídicos del Estado están estudiando el contenido de la iniciativa de los consistorios catalanes, impulsada por la Asociación de Municipios por la Independencia, para presentar un recurso y dejarla sin efecto, según confirmaron fuentes del Ejecutivo a ABC.
La ley sigue siendo la principal respuesta del Gobierno de la Nación ante el desafío independentista que encabeza Artur Mas. A cada paso que se da fuera de la Constitución, el Ejecutivo responde con la legalidad, y el caso de los ayuntamientos no es diferente.
Centenares de alcaldes acudieron el sábado a una recepción del presidente de la Generalitat en la plaza de Sant Jaume, para entregarle en mano las mociones aprobadas y mostrar una imagen de unidad después de que el Tribunal Constitucional suspendiera la ley de Consultas y el decreto de convocatoria del 9 de noviembre que había firmado Mas. Los alcaldes, con el de Barcelona, Xavier Trias, a la cabeza, recorrieron la plaza entre aplausos y acabaron la solemne recepción con gritos de «independencia». En medio del éxtasis colectivo, Mas proclamó de forma desafiante que «no lograrán callar la voz de Cataluña».
Las mociones, aprobadas en los plenos municipales del 95 por ciento de los ayuntamientos catalanes durante las dos últimas semanas, incluyen un apoyo expreso a la convocatoria de la consulta y al presidente de la Generalitat, y un ofrecimiento de los medios materiales necesarios para que el referéndum independentista pueda llevarse a cabo.
En su escrito de suspensión de la consulta, el Pleno del Tribunal Constitución acordó dejar sin efecto también «cuantos actos o resoluciones hayan podido dictarse en aplicación» de los preceptos impugnados.
El incumplimiento de Mas
Los servicios jurídicos del Estado están estudiando el recurso contencioso administrativo que se presentará contra las mociones municipales. Esta respuesta se suma a la que ya tiene preparada la Abogacía del Estado contra la creación de una «junta electoral» derivada de la ley de Consultas, aprobada por el Parlamento autonómico catalán, con la firma posterior de Artur Mas. Este fue el primer acto de desobediencia que llevó a cabo el presidente de la Generalitat después de que el TC admitiera a trámite los recursos del Gobierno y suspendiera la cita del 9 de noviembre. El recurso se incorporará esta semana a la pieza de suspensión ya aprobada.
La Fiscalía, preparada
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió después del Consejo de Ministros del viernes que ningún gobernante puede estar por encima de la ley, y subrayó que la Fiscalía está muy atenta a los incumplimientos que se produzcan.
El presidente Mariano Rajoy ha insistido en los últimos días en la única salida posible que hay para la «situación en Cataluña». «Ley y diálogo», mantuvo este fin de semana en Guadalajara, en la clausura de la reunión interparlamentaria del PP. Fuentes del Ejecutivo sostienen que la mano sigue tendida para abrir una vía de diálogo con Artur Mas, pero siempre dentro de la Constitución, y no sobre la consulta independentista del próximo 9 de noviembre, que ya está suspendida y sin efectos.
Fuente: ABC
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