Algunas comunidades rechazan nuevas competencias con el actual modelo de financiación.
La mayor parte de las comunidades autónomas ha legislado o va a legislar para adaptar sus normativas a la reforma local, aunque esos cambios parecen ir en dirección contraria al espíritu de la normativa nacional, pues en muchos casos buscan que los ayuntamientos sigan prestando los servicios sociales.
La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que entró en vigor en enero de este año, establece que las comunidades asuman determinadas competencias en materia de servicios sociales, educación y sanidad que hasta ahora ejercen los ayuntamientos, las denominadas "competencias impropias".
La aplicación de esta norma, que ha sido objeto de diez recursos ante el Tribunal Constitucional, encuentra nuevos obstáculos por parte de las comunidades autónomas, reacias a asumir esas competencias y menos aún con el actual modelo de financiación autonómica, que no les aporta los recursos suficientes.
Hasta el momento, han aprobado leyes o decretos la Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía, Galicia, Asturias, Extremadura, Murcia y La Rioja.
Y han anunciado su intención de hacerlo el País Vasco, Canarias, Castilla y León y Navarra.
En la mayor parte de los casos, el objetivo es garantizar la continuidad de los servicios sociales que prestan los ayuntamientos y que, según la reforma, deben pasar a ser responsabilidad autonómica para evitar duplicidades.
La Asamblea de Madrid, donde el PP tiene mayoría absoluta, ha aprobado en verano -en período extraordinario- una norma que garantiza la continuidad de los convenios con los ayuntamientos para ofrecer esos servicios.
En Asturias, el Gobierno del socialista Javier Fernández ha garantizado mediante un decreto que los entes locales sigan ejerciendo las denominadas "competencias impropias" siempre que no incurran en duplicidades o pongan en riesgo su sostenibilidad financiera.
También en Cataluña se ha regulado esta cuestión mediante un decreto hasta que se apruebe la ley correspondiente. Pretende garantizar a los municipios "continuidad jurídica" ante el "impacto" de "consecuencias devastadoras" de la reforma local.
En el caso de Andalucía, el Parlamento aprobó, con los votos del PSOE e IU, la convalidación del decreto que pretende salvaguardar las 29 competencias propias de los ayuntamientos andaluces.
Extremadura, gobernada por el PP, también ha legislado en el mismo sentido y su Asamblea ha llevado la ley al Constitucional.
El consejero extremeño de Hacienda y Administración Pública, Clemente Checa ha manifestado que las autonomías no tienen recursos suficientes para asumir esas competencias y además ha vaticinado que la norma será declarada inconstitucional.
Otra comunidad del PP, la gallega, ha aprobado una norma que adapta la reforma local a las peculiaridades de esa comunidad y habilita a los ayuntamientos a seguir prestando servicios como las escuelas infantiles, además de otros en materia de igualdad o consumo.
Este aluvión de normas ha despertado el "enfado" de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), cuyo presidente, Iñigo de la Serna, acusó esta semana en una entrevista con Efe a las autonomías de blindarse para no asumir las competencias que les corresponden.
De la Serna ha elevado estas quejas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y dice contar con el compromiso del Gobierno de impedir que ninguna normativa autonómica pervierta el sentido de la reforma local.
Los gobiernos de Castilla y León y Murcia, por ejemplo, ya han salido al paso de esas acusaciones y han negado ningún blindaje y han asegurado que se han limitado a dar garantía a la prestación de los servicios por parte de los ayuntamientos.
La Comunidad Valenciana, por su parte, no tiene previsto hacer ninguna ley para impedir o posponer la entrada en vigor de la reforma, aunque admite que ha trasladado a los ayuntamientos que no está en disposición de asumir las competencias que le corresponden hasta que no llegue más financiación autonómica, según ha explicado la portavoz del Gobierno regional, María José Catalá.
Para otoño se espera la norma vasca, una ley que incluirá un listado de competencias municipales "mucho más amplio" que el del resto de España en virtud de un acuerdo en el Congreso entre el PNV y el PP.
También Canarias prepara una nueva ley autonómica de municipios, cuyo contenido ha pactado con la Fecam (Federación Canaria de Municipios), que garantiza la prestación de las competencias que ya tenían los consistorios y resuelve "la incertidumbre" que generaba la reforma estatal de la administración local, en palabras del presidente, Paulino Rivero.
El Gobierno de Canarias no solo critica el contenido de la reforma de la administración local, sino que la ha impugnado ante el Tribunal Constitucional, porque considera que cambia el modelo de Estado, al reducir la función de los ayuntamientos, y "sobrecarga" a las comunidades autónomas con competencias hasta ahora municipales.
Fuente: El Heraldo de Aragón
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