El dispositivo de personal previsto el departamento de Gobernación y que fue presentado el domingo por la vicepresidenta del Gobierno catalán, Joana Ortega, queda, por tanto, suspendido. “No vamos a poner en riesgo a nadie”, explicaron ayer fuentes de la Generalitat, en referencia al delito de desobediencia en el que podrían incurrir los empleados públicos que siguieran colaborando a partir de hoy en la organización de la consulta soberanista.
El Gobierno catalán debatirá en su reunión de hoy la estrategia política a seguir tras la suspensión del Constitucional, pero se da por seguro que echará el freno con los funcionarios de la Generalitat que hasta ahora están ocupados en los preparativos de la consulta. “A nadie se le va a pedir que infrinja la ley”, aseguraron ayer fuentes del Departamento del Gobernación.
Los números de la Generalitat preveían la movilización de 4.834 empleados públicos, sumando los que trabajan en los ayuntamientos catalanes y en la Administración autonómica, además de 6.200 agentes de los Mossos d'Esquadra y tres mil policías locales. A todos ellos hay que sumar un millar de secretarios municipales de los 947 ayuntamientos que hay en Cataluña para levantar las actas del resultado de la votación.
Al margen del delito de desobediencia en el que podrían incurrir los funcionarios, también podrían se les podría exigir responsabilidad penal los alcaldes y concejales de Cataluña que a partir de este martes acuerden actos administrativos para hacer posible el 9-N, así como a los secretarios municipales que participen en esas reuniones. El ex fiscal superior de Cataluña, José María Mena, entiende que en este caso se les podría acusar de delito de prevaricación, porque estarían acordando una resolución injusta a sabiendas de que lo es, ya que es de sobras conocido que el Tribunal Constitucional ha suspendido la consulta soberanista del 9 de noviembre. “Esos alcaldes y concejales no son aforados, como sucede con Artur Mas y los consejeros de la Generalitat. Por tanto, tendrían sus juicios rápidos, sus condenas y sus condenas de inhabilitación”, asegura Mena. “Para un alcalde la inhabilitación sería un mal menor, pero para un secretario municipal de carrera las consecuencias podrían ser peores”, añade.
La Generalitat confía también que el Gobierno de Mariano Rajoy no actúe contra los funcionarios catalanes que iban a participar en la realización de la consulta, a los que hay que añadir 24.390 miembros de las meses electorales y 48.780 suplentes. Fuentes judiciales explicaron que en la reunión que celebró hace unos días el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, con los cuatro fiscales provinciales de Cataluña, se les impartieron instrucciones sobre la forma con la que deberán actuar en sus territorios, en caso de que se realicen actividades para favorecer la participación en la consulta.
Fuente: El País
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