Los alcaldes piden frenar la reforma local hasta aclarar todos sus errores

La Federación Gallega de Municipios y Provincias (FEGAMP) exige una doctrina clara a Hacienda para evitar la discrecionalidad en la aplicación

La discutida reforma local va a precisar de varias suturas antes de que pueda echar a andar. La sucesión de graves desajustes detectados por los ayuntamientos en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, fundamentalmente por su falta de coordinación con los Presupuestos, provoca que los interventores municipales no sepan cómo aplicar aspectos como la nueva tabla que regula los topes retributivos para los alcaldes. Ante esta situación, la Fegamp (Federación Galega de Municipios e Provincias) considera que la reforma debe quedar en suspenso hasta que Hacienda resuelva todos los errores del texto. El municipalismo gallego, que fue el primero en rebelarse contra las líneas básicas de la norma durante su gestación y los sucesivos parcheos, pide al ministerio una doctrina clara.

Los alcaldes temen que las lagunas en la reforma deriven en una discrecionalidad en su aplicación por los interventores, cuyo refuerzo en su papel de fiscalizadores de las cuentas locales ha suscitado recelos en las corporaciones. El argumento de los regidores es que, mientras el ministerio que dirige Cristóbal Montoro no elabore esa doctrina aclaratoria, deberá preservar el statu quo anterior a la reforma para evitar posibles desequilibrios entre ayuntamientos. Así lo acordó el miércoles la ejecutiva de la Fegamp tras una primera lectura de la ley en vigor.

Hasta 22.000 euros menos

En un escrito remitido a Hacienda, del que este periódico informó ayer, el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local ha reclamado una circular aclaratoria sobre cuatro puntos. En primer lugar, sobre las retribuciones de los miembros de las corporaciones. Los interventores no saben qué topes salariales tienen que poner a los alcaldes, de acuerdo con unas horquillas que toman como referencia el sueldo de un secretario de Estado y aplican un porcentaje mayor o menor en función del censo del municipio. El problema está en que durante toda la tramitación de la ley se trabajó con la idea de que ese sueldo de referencia era de 100.000 euros, pero los Presupuestos asignan al secretario de Estado 71.886. Este desfase provoca un recorte notable en los límites de las retribuciones de los alcaldes, respecto a lo comprometido por Hacienda en la ley, que podría alcanzar hasta los 22.000 euros entre los de Vigo y A Coruña. De este modo, los que gobiernan concellos de menos de 5.000 vecinos no podrían cobrar más de 28.754 euros al año, en lugar de los 40.000 acordados en la fase final de la tramitación de la ley en el Senado. Con los Presupuestos en la mano, los regidores de Muras (54.306), Xove (54.124), A Pontenova (51.450) o Lourenzá (51.400) tendrían que rebajar sus nóminas casi a la mitad.

La Fegamp insiste en que, pese a estas y otras excepciones, los alcaldes gallegos cobran mucho menos de lo que permite la tabla retributiva de la reforma. Su vicepresidente primero, Alfredo García, regidor socialista de O Barco que asegura que en su caso cobra 8.000 euros del tope que marca la ley, sostiene que «lo razonable es que Hacienda corrija» el desajuste entre la reforma y los Presupuestos. «Pone de manifiesto lo que hemos venido diciendo desde el principio, que esta ley no resuelve nada», denuncia. El vicepresidente segundo, Francisco García (BNG), alcalde de Allariz, señala que «non houbo coordinación entre os Orzamentos e a reforma local». Apunta que, más que los sueldos, le preocupan «outras cuestións que afectan aos veciños», como el futuro de los servicios sociales o el papel de las diputaciones.

Además de las incógnitas con las nóminas de los alcaldes, los interventores alertaron a Hacienda de sus dudas sobre cuánto deben cobrar los miembros de corporaciones de menos de 1.000 habitantes con dedicación parcial, sobre el máximo de cargos que pueden acogerse a ese régimen, y sobre las excepciones a la limitación de personal eventual y cargos públicos con dedicación exclusiva ligadas a la estabilidad financiera de cada municipio. Este cuarto punto es el único sobre el que Hacienda ha emitido una nota aclaratoria. Sobre las retribuciones por ahora no se ha pronunciado.

Fuente: La Voz de Galicia

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