La Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), CC.OO. y UGT se han unido para impulsar la campaña 'Servicios municipales en peligro por reformas del Gobierno central'.
La campaña quiere alertar a los ciudadanos de la "involución" que supondrá la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL).
Lo han explicado en rueda de prensa el presidente de la ACM, Miquel Buch; el de la FMC, Xavier Amor; el secretario general de CC.OO., Joan Carles Gallego, y el de UGT, Josep Maria Àlvarez, quienes han dicho que esta campaña --de 500 carteles, 50.000 trípticos, una web y perfiles en redes sociales-- pretende desmentir las "falsedades" que explica el Estado, que justifica la reforma por la estabilidad financiera y la eliminación de duplicidades.
BUCH: "SOMOS PIEZA FUNDAMENTAL"
Buch ha defendido que la mayoría de ayuntamientos han cerrado en positivo, y ha criticado que gran parte del endeudamiento proviene del Estado: "No gastamos más de lo que tenemos, y pretenden que dejemos de prestar servicios", y ha agregado que los municipios han colaborado con las administraciones competentes precisamente para evitar duplicidades.
"No somos un escalón; somos la pieza fundamental", ha defendido el líder de la ACM, que avisa de que la reforma supondrá un recorte de derechos sociales, perjudicará a los más vulnerables, y creará municipios de primera y de segunda.
AMOR: "GOLPE DE ESTADO DE GUANTE BLANCO"
El máximo responsable de la FMC, Xavier Amor, ha calificado la LRSAL de "golpe de Estado con guante blanco al municipalismo", y ha dicho que es el ataque más grave y directo de la historia a los ayuntamientos e indica un cambio de modelo hacia la privatización de los servicios sociales.
Según Amor, la reforma local demuestra menosprecio hacia los entes locales; es una oportunidad perdida que no da soluciones porque no afronta la financiación local; evita el dialogo conseguido, es de difícil aplicación; responde al tacticismo político, y relega servicios a administraciones de segundo grado, lo que "aleja al ciudadano".
Según ambos dirigentes municipalistas, la reforma --en vigor desde el 1 de enero-- afecta especialmente a los ayuntamientos con problemas económicos, y también a todos los alcaldes que deben pedir permiso para hacer determinadas políticas, pese a que disponen de suficientes recursos y la ciudad lo requiere, ha deplorado Buch.
"Si podemos conectar con la ciudadanía podemos retirar esta ley", ha dicho el responsable de la ACM, que avisa de que aprovecharán todos los elementos posibles para detener la reforma, incluidas movilizaciones.
LOS SINDICATOS AVISAN
Los sindicatos han pronosticado que se destruirán de 30.000 a 50.000 empleos públicos directos e indirectos --relacionados con los servicios prestados por empresas-- en Catalunya, y cerca de 300.00 en el conjunto del Estado, según los cálculos de CC.OO.
Para Àlvarez (UGT), esta ley priva a los ayuntamientos de prestar los servicios sociales de proximidad que los ciudadanos necesitan, y Gallego (CC.OO.) ha apuntado que es una norma "marcadamente ideológica que se hace al margen de los problemas de la ciudadanía", cada vez más afectada por la desigualdad, el paro y el empobrecimiento democrático.
Fuente: Europa Press
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