Los municipios que dispongan de un patrimonio público de suelo (para vivienda protegida y equipamientos) podrán destinarlo a reducir la deuda comercial y financiera. La medida se plasma en una de las 26 enmiendas presentadas por el PP a la reforma local que se debatirán este martes en el Senado. El Gobierno estará de este modo a un paso de conseguir sacar adelante una de las leyes más polémicas de la legislatura en medio de la polémica por la enorme oposición que ha cosechado. La vía para amortizar deuda, que en el caso de las corporaciones locales se eleva a 43.153 millones, beneficiará sobre todo a los Ayuntamientos donde más se ha construido en la época del boom inmobiliario y que, por consiguiente, tienen un mayor patrimonio por las cesiones obligatorias de los promotores privados.
Los grupos de la oposición han registrado otras 421 enmiendas parciales más, así como siete vetos, al proyecto de ley. PNV y UPN votaron a favor durante su trámite en el Congreso
Con la nueva norma los municipios tendrán manos libres para destinar al pago de la deuda el suelo que hasta ahora se dedicaba a construir Viviendas de Protección Oficial (VPO) o a otros usos sociales (colegios, centros de salud, zonas verdes) y siempre que se cumplan unos requisitos. La propuesta no detalla de qué modo se realizará la amortización, pero fuentes jurídicas consultadas aventuran que las parcelas podrían subastarse para conseguir liquidez. Aunque se trata de una demanda que se ha debatido en el mundo local, la medida propuesta por el PP no estaba incluida en ninguna de las enmiendas que la Federación de Municipios y Provincias había solicitado a los grupos.
La modificación lleva aparejados unos requisitos adicionales que deben de cumplir los Ayuntamientos que quieran acogerse, como es tener un registro del patrimonio municipal del suelo actualizado; que el presupuesto contabilice correctamente las partidas del patrimonio o que se tenga la autorización de Hacienda. Los plenos de las corporaciones locales deberán justificar que no es necesario dedicar ese suelo a fines sociales y estarán obligados a reponerlo “en el plazo de diez años”, de acuerdo con un calendario anual. Sin embargo no se menciona qué ocurrirá en el caso de que no cumplan.
Hasta 113 ayuntamientos presentan ahora mismo graves problemas en sus cuentas. Tienen números rojos, adeudan cuotas de IRPF y Seguridad Social y han dejado de abonar los intereses del primer fondo de proveedores. De ellos, 79 se han acogido a medidas extraordinarias habilitadas por Hacienda pero el ministerio piensa que hay más municipios que tendrían que haberse adherido a los planes de pago. La reforma facilita mecanismos para que los Ayuntamientos con problemas se vean abocados a pedir ayuda.
Horizonte electoral
El PP no pierde de vista el horizonte electoral de 2015, año en que se celebrarán los comicios en los 8.117 Ayuntamientos españoles. Algunas de las medidas que ha propuesto en el Senado van encaminadas a suavizar el impacto de la norma y a aplacar la irritación de los alcaldes, que temen una fuerte pérdida de votos.
El pasado miércoles, en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, el ministro Cristóbal Montoro aseguró que permitirá que las instituciones provinciales y los municipios puedan dedicar parte del superávit presupuestario a inversiones no solo en 2014, como estaba previsto, sino en 2015, lo que dará un respiro a muchos alcaldes. Además se alarga al 31 de diciembre de 2015 el plazo para que las Comunidades Autónomas asuman competencias que hasta ahora eran propias del municipio sobre servicios sociales y reinserción social.
Otra de las medidas que quiere aprobar el PP va dirigida a los alcaldes cumplidores: los municipios que tengan al día sus cuentas y cumplan con la ley de morosidad no tendrán que aplicar hasta el 30 de junio de 2015, justo después de las elecciones, la limitación legal en personal eventual y cargos públicos con dedicación exclusiva.
El PP incluso propone modificar una de sus líneas rojas: el cuadro de restricción en los sueldos de alcaldes y concejales. Los ediles de pueblos entre 1.000 y 2.000 habitantes podrán cobrar como máximo el 30% de lo que ingresa un secretario de Estado (unos 20.100 euros brutos anuales). En el arranque de la tramitación parlamentaria ese salario se limitaba a 13.400 euros.
Otra enmienda popular propone que las iglesias, confesiones o comunidades religiosas que quieran constituir un lugar de culto acrediten su personalidad jurídica civil mediante un certificado del Registro de Entidades Religiosas, que tendrá que ser "emitido al efecto" y que incluirá la ubicación del centro.
El PP no descarta llegar a un acuerdo con CiU sobre la aplicación de la norma en Cataluña a cambio de sumar su apoyo. Los nacionalistas catalanes han vuelto a pedir a través de una de sus enmiendas que se reconozca la "singularidad del sistema institucional" de Cataluña y prevalezca su ley autonómica sobre la estatal a la hora de aplicar la nueva norma. Ambas formaciones han mostrado en reiteradas ocasiones su disposición a negociar hasta el final.
Al margen de la negociación con los nacionalistas catalanes, los populares también podrían aceptar algunas enmiendas propuestas por aquellas formaciones que han acabado dando su apoyo a la ley del Gobierno, como UPN o PNV. El PSOE, IU y CC han impulsado campañas contra la norma que consideran inconstitucional.
Fuente: El País
via Actualidad http://www.revistacunal.com/actualidad/1697-los-ayuntamientos-podran-destinar-suelo-para-vivienda-protegida-a-amortizar-deuda
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