Hasta diez partidos piden en el Congreso la retirada de la reforma local

Coinciden en que supone un intento de "recentralización" y un atentado contra la autonomía local.

El PSOE, Izquierda Plural, UPyD, CiU, PNV, ERC, BNG, Geroa Bai, Compromís-Equo y Amaiur han presentado en el Congreso de los Diputados enmiendas a la totalidad al proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, más conocido como reforma local, al entender que supone un ataque a la autonomía local así como un intento de recentralización por parte del Estado.

Así, el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros a finales de julio, tras un año de negociaciones frustradas, ha cosechado en su primer trámite en el Congreso el rechazo de todos los grupos de la oposición, que piden la devolución del texto al Gobierno. Según las enmiendas registradas por los citados diez partidos, la futura ley atenta contra el municipalismo y pone en peligro la prestación de los servicios sociales.

En esta línea, el PSOE denuncia en su escrito que la reforma "vulnera la autonomía local garantizada constitucionalmente y los principios que informan la Carta Europea de Autonomía Local". De hecho, los socialistas no descartan llevar la norma al Tribunal Constitucional si no son aceptadas sus demandas.

"Sacrifica la calidad democrática de las instituciones locales en aras de una pretendida eficacia. Y lo que es más injusto, es un ataque frontal a la igualdad del territorio y de los ciudadanos que lo habitan, y por lo tanto, a la cohesión social", aseguran, para añadir, que lo que "en última instancia" pretende el texto es "la privatización de la gestión de los servicios públicos locales".

Por todo ello, critican que "la explicación de esta reforma sólo puede encontrarse en la voluntad" del Gobierno de "imponer" un determinado modelo de administración local basado en unos entes locales con competencias "cada vez más limitadas", que presten unos servicios sociales "cada vez más reducidos, sin autonomía política, tutelados estrictamente, y mediante técnicas de control dudosamente constitucionales".

RECHAZO A LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES

Por su parte, IU, ICV y CHA consideran que la reforma es una "involución democrática" que "atenta" contra la autonomía municipal, abre la puerta a la privatización de servicios y "destruye" empleo público, y alertan de que el texto presenta una "manifiesta inconstitucionalidad".

Por ello, en su enmienda de devolución proponen alternativas que pasan por medidas como la eliminación de las diputaciones provinciales, una institución que consideran "opaca, obsoleta" y plegada a "redes clientelares".

Además, proponen flexibilizar los objetivos de déficit para las entidades locales, máxime teniendo en cuenta que se trata de las administraciones más saneadas económicamente, y aprobar una ley de financiación local con una participación mayor en los tributos del Estado --hasta un 33 por ciento--.

Por su parte, UPyD pide la devolución del texto al considerar que no elimina duplicidades entre administraciones, no da solución a la financiación de los entes locales y mantiene los "chiringuitos de poder partidario" que son, a su juicio, las Diputaciones Provinciales, "incompatibles" con el modelo autonómico español.

"El proyecto de Ley no respeta los valores democráticos ya que deja vacíos de funciones a los ayuntamientos que eligen los ciudadanos mientras refuerza unas Diputaciones, que mantiene como órganos infra democráticos al conservar su sistema de elección indirecta de segundo grado", señalan, para añadir que esto "creará el caldo de cultivo institucional perfecto para más partitocracia, despilfarro y corrupción".

INVADE COMPETENCIAS Y RECENTRALIZA

Los nacionalistas de CiU consideran que el contenido de la reforma local vulnera la autonomía local, las competencias de las comunidades autónomas, "particularmente las de Cataluña", y "no da respuesta a las necesidades de mejora de la financiación local".

"El proyecto de ley se inspira en una profunda vocación recentralizadora, que obvia las competencias exclusivas de la Generalitat de Cataluña (y de otras comunidades autónomas) en materia de régimen local", denuncian, para insistir en que la norma "aleja la gestión municipal de los ciudadanos" y no respeta "ni la Constitución, ni la Carta Europea de Autonomía Local, ni el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña".

En esta misma línea, ERC denuncia que la reforma local "es fruto de la visión nacionalista, centralista y homogeneizadora del Estado mantenida por el PP". "Se trata de un proyecto de ley que ataca la autonomía local, recortando en democracia y alejando el poder de la ciudadanía, que obvia las competencias autonómicas en régimen local y administración territorial y que no resuelve el problema de financiación de los entes locales", añaden.

Por su parte, el PNV denuncia que finalmente no se reconoce para el País Vasco la singularidad del régimen foral, a pesar de que el Gobierno se había comprometido a plasmar esta cuestión en el texto. Asimismo, critica que la ley pone en peligro la propia calidad de los servicios que proporcionan a la ciudadanía las administraciones locales y desprecia el valor de la proximidad de los mismos.

Para Geroa Bai, el texto tampoco respeta en general las singularidades competenciales y el peculiar régimen económico financiero de Navarra. "Impulsaremos en el ámbito de la Comunidad Foral todas las medidas que imposibiliten la aplicación de esta reforma pues no atiende a nuestras especificidades y a nuestra realidad", advierte la diputada Uxue Barkos en su enmienda, en la que también acusan al Gobierno de tratar de "recentralizar".

Según Amaiur, la reforma "supone un grave peligro para la autonomía municipal y atenta de lleno a la propia estructura institucional vasca". "Es un exponente muy clarificador del déficit democrático del que este Gobierno, una vez más, alardea y nos tiene acostumbrados tanto al resto de los grupos parlamentarios así como, y sobre todo, a la sociedad a la que representa", añaden.

Compromís-Equo también considera que esta ley "invade competencias" de los Estatutos de Autonomía en materia de régimen local y en varios ámbitos de legislación sectorial. Asimismo, creen que "intenta vaciar de capacidad de gestión a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para escarnio de quienes no se han endeudado y han tenido una gestión ejemplar", y "recentraliza competencias en favor de las diputaciones y el Estado sin garantizar las mismas".

El BNG advierte asimismo que la reforma busca "limitar los ámbitos de actuación de los ayuntamientos, cediendo parcelas de actividad al sector privado" y advierte de que con el "pretexto de la racionalización" el Gobierno "encubre" en la norma su intención de ampliar su capacidad de decisión. "Es una reforma antidemocrática", sentencia.Fuente: Europa Press

Fuente: Europa Press

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