El uso de la inteligencia artificial en el sector público es creciente y, en consecuencia, el establecimiento de un adecuado sistema de garantías jurídicas previas y a posteriori resulta imprescindible desde la óptica del Estado de Derecho. Esta misma óptica dicta, según el paradigma ortodoxo, que la última parcela de control y, en consecuencia, de garantías se residencia en los órganos jurisdiccionales. El presente trabajo se centra en este aspecto.
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