La controversia sobre el sentido del silencio en materia de licencias urbanísticas viene de lejos. La existencia de una regulación general de esta institución en la legislación del procedimiento administrativo común y otra diferente en la normativa estatal del suelo genera graves problemas de seguridad jurídica, lo cual afecta, indefectiblemente, a la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario. En el presente artículo, tras analizar los antecedentes legislativos y jurisprudenciales junto a los últimos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, se proponen determinadas soluciones legislativas a nivel autonómico con el fin de dotar de una mayor coherencia al sistema.
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