La utilización generalizada de las técnicas electrónicas en el funcionamiento administrativo es posiblemente el mayor cambio operado en los últimos años dentro de la Administración Pública española. Se trata de un vector de cambio generalizado entre las Administraciones de los Estados miembros de la UE, que va de la mano de otras reformas como la de favorecer la transparencia de la Administración. En este artículo se tratará de determinar los efectos que los procesos de digitalización en marcha en las AAPP, de lo que son ejemplo las nuevas Leyes de Procedimiento Administrativo o la Ley del Régimen Jurídico del sector público, así como la denominada Ley de Transparencia, y muy particularmente las medidas previstas en la reciente legislación sobre la protección de datos personales, tienen en el ejercicio de los derechos informativos de los representantes de los funcionarios públicos. Este trabajo persigue identificar la clase de conflictos y la repercusión limitativa que estos procesos representan para el ejercicio de los mencionados derechos colectivos de estos representantes.
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