A falta de convenio de colaboración la normativa aplicable abona que sea la Administración del Estado quien satisfaga los costes por la relación de sujeción especial que liga al interno con tal Administración, por la obligación ex lege de garantizar su salud y por la inexistencia de precepto alguno que permita excluir aquella financiación por la sola condición del preso como beneficiario de la Seguridad Social.
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