El funcionamiento de la Administración pública y el servicio que le presta a los ciudadanos es una preocupación para cualquier Estado Democrático y de Derecho. El funcionario público tiene un especial deber de salvaguardar ese correcto funcionamiento y por ello es el sujeto que puede atentar contra ella de un modo más directo. La definición de esta figura en el ámbito penal es algo complejo que no ha escapado a la discusión doctrinal y que se ha visto agravado con la externalización que sufre la Administración pública por la propia globalización del mundo en el que vivimos. Para lo cual, los Estados Miembros se han visto obligados a implementar en sus ordenamientos internos la normativa internacional que la Unión Europea ha venido aprobando para dichos efectos.
via INAP - La Administración al Día - Estudios y Comentarios https://ift.tt/2J9i3kz
No hay comentarios:
Publicar un comentario