martes, 13 de mayo de 2014

La Junta promueve la colaboración con los ayuntamientos para incentivar el empleo joven


La delegada del Gobierno andaluz en Códoba, Isabel Ambrosio, junto a los delegados territoriales de la Junta de Andalucía en la provincia de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, José Ignacio Expósito y María Isabel Baena, respectivamente, ha presentado este lunes a los alcaldes y alcaldesas de la provincia los programas Emple@joven y @emprende plus, para favorecer el empleo y el emprendimiento entre los jóvenes.


Durante la presentación, Ambrosio ha señalado que "es fundamental que los ayuntamientos conozcan con detalle los programas, consulten las dudas que puedan plantearse para conseguir el objetivo de la creación de empleo juvenil, un colectivo como sabemos, especialmente castigado por la crisis, a pesar de la iniciativa, las ganas y la formación de nuestros jóvenes".


Ambrosio ha destacado que, "una vez más, los ayuntamientos son una pieza fundamental para colaborar en esta ardua tarea de la creación de puestos de trabajo y la mejora de las condiciones de vida de las personas", definiendo a los consistorios como a "unos aliados fundamentales y necesarios para luchar contra esta lacra que es el desempleo juvenil".


La delegada del Gobierno andaluz ha destacado que "la crisis económica ha tenido una importante repercusión sobre el mercado de trabajo, que ha afectado especialmente a la población joven" y ha resaltado como "la falta de oportunidades y la estructura actual del mercado laboral, conducen a los jóvenes andaluces a una realidad de inestabilidad e incertidumbre que se están convirtiendo en una constante, acentuada aún más a raíz de la última reforma laboral" aprobada por el Gobierno central.


Según ha destacado Ambrosio, "las elevadas cifras de desempleo, la inestabilidad del mercado laboral o la alta temporalidad hacen del desempleo joven uno de los mayores retos a los que se enfrenta el Gobierno andaluz, y nos exige una acción de gobierno continuada y decidida, que afecta a la parte de la sociedad andaluza sobre la que se asienta el futuro de nuestra comunidad".


En este sentido, Ambrosio ha recordado que "el objetivo que persigue este Decreto-Ley es mejorar la empleabilidad de los jóvenes andaluces, acortando el tiempo de inactividad desde la finalización de los estudios o el inicio de la situación de desempleo hasta el desempeño de un puesto de trabajo".


En concreto, a los municipios les afecta la segunda iniciativa del programa denominada Cooperación Social y Comunitaria para el Impulso del Empleo Joven, que tiene como fin promover la contratación de personas en obras y servicios de ámbito social o de interés municipal, distintas de las que realiza regularmente el personal de la Administración local. La Junta sufragará el cien por cien del coste salarial y de Seguridad Social en los contratos que realicen los ayuntamientos, de seis meses de duración y tanto a jornada completa como parcial del 50 por ciento.


La mitad del presupuesto se reparte entre los municipios en función de la tasa en cada uno de ellos respecto del total de Andalucía y el 50 por ciento restante en función de la población. No obstante, los municipios de menos de 50.000 habitantes, donde la incidencia del paro juvenil es mayor, recibirán una cantidad superior a la media. Además, se garantiza una ayuda mínima de 10.200 euros para evitar que los municipios más pequeños queden en una situación desfavorecida.


En el proceso de selección tendrán preferencia las personas desempleadas de larga duración, que estén empadronadas en el municipio donde se realiza el proyecto y, de no haberlas, otras desempleadas de la localidad o, en su defecto, otros parados de larga duración de la provincia.


Los ayuntamientos deberán presentar la oferta de empleo ante el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que le proporcionará tres personas candidatas por cada puesto de trabajo ofertado. La formalización de los contratos podrá realizarse hasta el 31 de octubre de 2014.


Las obras y servicios incentivados deberán realizarse en régimen de administración directa y estar vinculados a alguna de las siguientes actividades: cuidados asistenciales; prestación de la ayuda a domicilio; servicios de proximidad, limpieza, vigilancia y seguridad; protección del medio ambiente y de zonas rurales o naturales; revalorización de espacios públicos; gestión de residuos y aguas; ahorro energético, y promoción del turismo, el deporte, la cultura y el comercio y los productos locales.


Fuente: Europa Press







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