El presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), Miguel Ángel García Nieto, ha asegurado hoy en Ávila que la puesta en marcha de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local no llevará aparejada una destrucción de empleo público.
García Nieto ha realizado esta declaración, primero a los periodistas y después durante su intervención en el foro organizado por Comisiones Obreras en Ávila para analizar las repercusión de la reforma de la Administración local tanto en este ámbito, como en el de los servicios públicos.
La opinión del presidente de la FRMP ha chocado con la expresada, entre otros, por el secretario general de Comisiones Obreras de Castilla y León, Ángel Hernández, quien ha comentado que la "reasignación de funciones" de los servicios en los pequeños municipios conllevará su "externalización".
"Yo no lo creo", ha comentado García Nieto, antes de explicar que para poner en marcha la ley estatal es preciso "como mínimo el mismo número de trabajadores que hay ahora".
En este sentido, ha apuntado que en el caso de que se tenga que realizar "algún esfuerzo" en la prestación de servicios de otra manera, "muy posiblemente, sea empleo directo o indirecto, a lo mejor también hace falta gente nueva".
"No creo que vaya a disminuir, para nada, o a peligrar, el empleo local", ha sostenido el presidente de la FRMP, quien ha tratado de transmitir "tranquilidad" en este sentido a los asistentes, porque la ley no se pondrá en marcha "sin, al menos, el mismo número de trabajadores de forma directa o indirecta".
Respecto a la reforma local autonómica y estatal, ha sostenido que ambos textos "casan bien" y que "tienen un altísimo grado de consenso y coincidencia", ya que "todos los aspectos en los que divergían se han limado perfectamente y se han eliminado muchos".
En este contexto, ha anunciado que en el próximo consejo regional de la FRMP, que tendrá lugar en febrero, se pondrá en marcha una "mesa de debate" en torno a este asunto.
Por su parte, Ángel Hernández ha dicho no tener una buena opinión de la que ha denominado como "ley Montoro", a la vez que ha mostrado sus "serias dudas" respecto a la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León, especialmente ante las "posibles interferencias de una ley respecto a la otra".
Uno de los aspectos a los que ha puesto más problemas ha sido la posible afectación que la reasignación de los servicios públicos municipales puede tener sobre el empleo público de la Comunidad, ante una "externalización" de los mismos en los pequeños municipios".
Hernández ha considerado "difícil" de calcular esa posible afección de la ley estatal en el empleo público, ya que todo dependerá de "los elementos de financiación".
El secretario de Política Municipal del PSOE de Castilla y León y portavoz socialista en la Diputación de Valladolid, Juan José Zancada, ha cifrado entre 12.000 y 15.000 los empleos públicos que pueden verse afectados en la Comunidad por la reforma local, que podrían llegar a los 25.000 con la ley nacional.
Uno de los ponentes en este foro, el catedrático de Geografía de la USAL, Valentín Cabero, ha señalado que los efectos de la reforma sobre el empleo "se infiere que no van a ser positivos", cifrándolos en torno a los 12.000, aunque "con matices".
Por su parte, el secretario regional de Política Local del PP de Castilla y León y director general de Ordenación del Territorio y Administración Local, Luis Miguel González, ha defendido la posición "beligerante" de la Junta y del PP en el proyecto de reforma estatal, que en su opinión "ha mejorado mucho" gracias a la postura reivindicativa de Castilla y León".
El responsable Autonómico de Política Municipal de IU de Castilla y León, Mariano San Martín, ha comentado que la nueva ley "va encaminada a la privatización de todo el sector público".
Fuente: La Vanguardia
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