miércoles, 22 de agosto de 2018
Los tribunales civiles no son competentes para resolver las controversias surgidas entre el Cabildo Insular de Gran Canaria y la adjudicataria de un contrato de arredramiento para la explotación de un servicio de aparcamiento
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lunes, 20 de agosto de 2018
Cuáles son los ayuntamientos más morosos de España
Sólo 11 de los 100 mayores consistorios abonan sus facturas en 30 días, como exige la norma sobre plazos de pago. Las autonomías (45 días) son menos morosas que los ministerios (55). Dicho de otra manera, 9 de cada 10 alcaldes se saltan la norma a la torera. Y sólo cuatro de las 17 comunidades autónomas pagan a sus proveedores dentro de la legalidad. Ni siquiera la Administración central cumple la normativa que obliga al sector público a abonar sus facturas en un plazo máximo de 30 días. En materia de morosidad, el dicho de que quien hace la ley hace la trampa se vuelve literal. Y muy pernicioso para los contratistas públicos. Sobre todo para los pequeños, como los autónomos, que sufren cada vez más para cobrar sus trabajos para las Administraciones Públicas. Tardan una media de 70 días en hacerlo, más del doble de lo legal. según el último informe de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, con datos a cierre del primer semestre del año.
Los ayuntamientos son los peores pagadores. Tardan una media de 95 días en liquidar sus facturas, más del triple que el plazo legal. Esto es, siete días más que en 2017 y 15 días más que en 2016. Es decir, en sólo dos años, son un 19% más morosos. Hay que recordar que los consistorios son las administraciones para las que más trabajan los autónomos, por lo que el impacto de su morosidad agravan más. El caso más sangrante es el de Jaén, que abona sus facturas en nada menos que 589 días de plazo. Esto es, 126 más que en junio de 2017. Es decir, casi 19 veces más tarde de lo permitido por ley. Un autónomo que realiza un trabajo para este ayuntamientos cobrará, de media, un año y siete meses después de presentar la factura. Los proveedores de Telde esperan 457 días para cobrar su trabajo, seguidos de los de Parla (360 días) y Jerez de la Frontera (322 días).
Los 11 ayuntamientos que cumplen la ley son los de Vigo (14 días de plazo medio), Cáceres (22), Badajoz (23), Alicante (26), Avilés (27), Barcelona (27), Ciudad Real (28), Málaga, Salamanca y Torrent (29) y El Ejido (30).
Incumplir la ley contra la morosidad no es precisamente inocuo. Durante la crisis, el 40% de las pymes y los autónomos que tuvieron que echar el cierre lo hicieron por los elevados plazos de pago que sufrían.
Por segunda vez, las administraciones autonómicas son las que pagan en menor tiempo, en 45 días de media, pero sin cumplir la ley. Han reducido los periodos medios de pago con respecto a 2017, concretamente en 9 días. Los que se ciñen a los 30 días de tope legal son País Vasco (23), Andalucía (27), Navarra (28) y Madrid (30 días, 52 menos que en 2017, cuando era la más morosa). En el lado contrario se encuentran Cantabria (73), Murcia (66) y Comunidad Valenciana (63).
La Administración Central se demora 55 días, 13 menos que los 68 de 2017, pero 12 más que en 2016, aún. Hay que tener en cuenta que los autónomos prestan muy pocos servicios a los ministerios
Fuente: Expansión
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domingo, 19 de agosto de 2018
Jubilación policías locales ( que no, que no llega)
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jueves, 16 de agosto de 2018
ARAGÓN: Convocatoria de diversos cursos de formación correspondientes al Plan de Formación del año 2018
RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2018, del Director del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la que se convocan diversos cursos de formación correspondientes al Plan de Formación del año 2018 (BOA 16/8/2018)
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viernes, 10 de agosto de 2018
Un organigrama equilibrado @CarlesRamio
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jueves, 9 de agosto de 2018
El TS concede a un magistrado la licencia por maternidad de 16 semanas, al no haber sido disfrutadas por la madre de su hija
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miércoles, 8 de agosto de 2018
La caducidad de los expedientes disciplinarios en la CAE @ProIndubio
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martes, 7 de agosto de 2018
Obituario: Cristobal Aragón Sánchez
El pasado 6 de agosto tuvimos conocimiento del fallecimiento de Don Cristóbal Aragón Sánchez miembro del Consejo Asesor de nuestra Revista de Estudios Locales.
Hombre afable, de gran cordialidad, unía a la bondad en el trato la capacidad de transmitir con suma facilidad los conocimientos que su extraordinaria preparación y experiencia le permitían. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense y Profesor Mercantil, aunaba dos condiciones profesionales que le otorgaban una excepcional visión del mundo local: la pertenencia a la Escala de habilitación nacional como Interventor-Tesorero y al Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas.
Fue fructífero su Magisterio tanto en la Universidad Complutense (Cátedra de Organización, Contabilidad y procedimientos de la hacienda Pública impartiendo Contabilidad de las Corporaciones Locales)) como en el INAP (Profesor de Técnica Presupuestaria, Contabilidad Pública y Control financiero), además de numerosas ponencias y comunicaciones en Jornadas organizadas por el Tribunal de Cuentas y Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas, así como nuestra Organización colegial.
En el seno del Tribunal de Cuentas ostentó la Presidencia de la Asociación de los Cuerpos Superiores de Auditores y Letrados del Tribunal de Cuentas y de su Comisión de Estudios. Desempeñó, entre otros, el cargo de Secretario Técnico del Departamento de Corporaciones Locales.
Las páginas de nuestra revista acogieron su colaboración en artículos en materia Presupuestaria y en materia de Control interno. Colaboración que vino a incrementarse de forma notable desde 2003, tras ingresar en el Consejo Asesor, materializando así su preocupación por la labor del colectivo y por el conocimiento práctico que éste ha de tener del alcance de la actividad del Tribunal de Cuentas ante Administración local y de la relación de la profesión interventora con el mismo.
Participó activamente en la creación de una sección específica dedicada a las Resoluciones de la Sala de Justicia Tribunal de Cuentas, ínsita en la sección de comentario jurisprudencial junto con otros integrantes del mismo; y, sobre todo, y mientras pudo, estuvo siempre a disposición para enseñar, asesorar, apoyar, -- y las más de las veces tranquilizar--, a cuantos miembros de la Escala se lo pidieron ante las vicisitudes del difícil desempeño de la función interventora. Siempre en la creencia de la necesidad e importancia del trabajo profesional objetivo y neutral.
Desde la Organización Colegial y la Revista de Estudios Locales le rendimos este pequeño homenaje y le recordaremos siempre por su inestimable labor y su bondad.
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Tiempo de trabajo (blog @_vidalgalindo )
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viernes, 3 de agosto de 2018
El TSJ de Madrid anula el plan de ordenación urbana que afecta al estadio Wanda Metropolitano
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jueves, 2 de agosto de 2018
El TC respalda que el Parlamento de Galicia pueda suprimir por Ley el cuerpo de letrados del consejo consultivo
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miércoles, 1 de agosto de 2018
Protección de datos de carácter personal en el ámbito de las Administraciones Públicas: un escenario complejo y confuso

(Sobre el Real Decreto ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos)
Por F. Javier Fuertes López
1. La regulación de la protección de datos: un juego con normas difíciles de comprender
Cuando todavía no nos hemos recuperado de la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Protección de Datos –Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril– nos encontramos con la publicación en el Boletín Oficial del Estado de 30 de julio de 2018 del Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos.
Pero para abordar cualquier cuestión relativa a la regulación en materia de protección de datos de carácter personal es preciso partir de un hecho incontestable, como es que se trata de un Reglamento de la Unión Europea, esto es, que a diferencia de lo que sucedía con la normativa anterior (la Directiva 95/46/CE, del 24 de octubre), no hay necesidad de transposición al ordenamiento nacional puesto que los Reglamentos son normas directamente aplicables, norma que entró en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (publicación que tuvo lugar el 4 de mayo de 2016) y que es aplicable desde del 25 de mayo de 2018, tal y como dispone el artículo 99 del propio Reglamento.
Y, a partir de ahí, todo lo que ha sucedido no es sino fruto de la improvisación y el desatino legislativo que nos ha llevado a la situación actual, en la que junto a la tramitación de un Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (121/000013, Proyecto LOPD/2018) que fue presentado por el Gobierno el 14/11/2017, esto es, año y medio después de su entrada en vigor.
El Proyecto sigue su tramitación parlamentario que, es posible, concluya en algún momento (o no) y, mientras, el Gobierno aprueba un Real Decreto-ley con entrada en vigor el 31 de julio de 2018.
2. Objetivos y contenido del Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio,
2.1. Objetivos
La situación que se produce a partir del 25 de mayo con la entrada en vigor efectiva de las previsiones del Reglamento europeo se percibe por todos los afectados como un escenario difícil de explicar.
Tenemos una norma interna (con rango de Ley Orgánica) con sus principios, derechos, estructuras y (sobre todo) un régimen sancionador que no se corresponde con el establecido por el ordenamiento de la Unión Europea (con, y conviene no olvidarlo), rango de Reglamento (norma, y hay que insistir sobre ello) directamente aplicable.
Esta situación llega al legislador desde una sensación de incertidumbre (en cuanto al régimen a aplicar y la compatibilidad entre ambos sistemas) a un sentimiento de zozobra que, finalmente, a abocado en pánico.
Y en ese estado se ha pretendido hacer, de la noche a la mañana (en un fin de semana estival) lo que no se ha hecho el año y medio. En otras palabras, que son las de la propia introducción que precede al Real Decreto-ley, “el objeto de este real decreto-ley se ciñe a la adecuación de nuestro ordenamiento al reglamento europeo en aquellos aspectos concretos que, sin rango orgánico, no admiten demora y debe entenderse sin perjuicio de la necesidad de una legislación orgánica de protección de datos que procure la plena adaptación de la normativa interna a los estándares fijados en la materia por la Unión Europea a través de una disposición directamente aplicable”.
2.2. Contenido
Si observamdo el Real Decreto-ley 5/2018 desde su disposición derogatoria, podemos comprobar que, de forma expresa, se derogan de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD/1999), “el artículo 40” y “los artículos 43 a 49, con excepción del 46), esto es, los preceptos relativos a:
1) Potestad de inspección
2) El Título relativo a infracciones y sanciones
Con la salvedad (artículo 46) del precepto relativo a las “infracciones de las Administraciones Públicas”.
De esta forma en el Real Decreto-ley (catorce artículos, dos adicionales y dos transitorias) se regulan (por comparación al Proyecto de LOPD/2018) las siguientes cuestiones:
1) Inspección en materia de protección de datos (artículos 1 y 2 del Real Decreto que se vienen a corresponder con el artículos 51 y 53 del Proyecto LOPD/2018)
2) Sujetos responsables (artículo 3 del Real Decreto que se vienen a corresponder con los artículo 70 del Proyecto LOPD/2018)
3) Infracciones (artículo 4 del Real Decreto que se vienen a corresponder con el artículo 71 del Proyecto LOPD/2018)
4) Prescripción de infracciones (artículo 5 del Real Decreto que se vienen a corresponder con el artículo 75 del Proyecto LOPD/2018)
5) Prescripción de sanciones (artículo 5 del Real Decreto que se vienen a corresponder con el artículo 78 del Proyecto LOPD/2018)
6) Régimen jurídico de los procedimientos de la Agencia Española de Protección de datos (artículo 7 del Real Decreto que se vienen a corresponder con el artículo 63 del Proyecto LOPD/2018)
7) Iniciación y duración de los procedimientos (artículo 8 del Real Decreto que no se corresponde con previsión alguna del Proyecto LOPD/2018)
8) Admisión a trámite de reclamaciones (artículo 9 del Real Decreto que se vienen a corresponder con el artículo 65 del Proyecto LOPD/2018)
9) Determinación del alcance territorial de las actuaciones de la Agencia Española de Protección de Datos (artículo 10 del Real Decreto que se vienen a corresponder con el artículo 66 del Proyecto LOPD/2018)
10) Actuaciones previas de investigación (artículo 11 del Real Decreto que se vienen a corresponder con el artículo 67 del Proyecto LOPD/2018)
11) Inicio del procedimiento por la Agencia Española de Protección de Datos para el ejercicio de la potestad sancionadora (artículo 7 del Real Decreto que se vienen a corresponder con un desarrollo necesario el artículo 67 del Proyecto LOPD/2018)
12) Medidas provisionales (artículo 13 del Real Decreto que se vienen a corresponder con el artículo 68 del Proyecto LOPD/2018)
13) Procedimiento en relación con las competencias atribuidas a la Agencia Española de Protección de Datos por otras leyes (que no se corresponde con previsiones anteriores ni del Proyecto)
14) La disposiciones adicionales se vienen a corresponder con los artículos 44 (condición de representante de la Agencia Española de Protección de datos) y 50 (publicación de las resoluciones de la Agencia)
15) Y las transitorias con el propio régimen transitorio y contratos de encargados de tratamiento (disposiciones transitorias Tercera y Quinta del Proyecto LOPD/2018)
3. Resultado
Pues lo cierto es que aunque si puede quedar más o menos claro lo que se persegurí (como acabamos de reseñar) cuestión distinta es que se haya conseguido ese objetivo.
Y es que, de forma sintética, se pueden destacar algunas cuestiones que presnetan más luces que sombras:
1) El problema es el procedimiento: Por eso se ha tenido que introducir un largo precepto (el artículo 8) sobre la forma de iniciación del procedimiento y duración que no se encontraba entre la sprevisiones del proyecto LOPD/2018
2) Se elude la calificación de las infracciones que, aunque está en el Reglamento, no se corresponde con nuestro sistema interno, con las repercusiones para el sistema de sanciones y de prescripción 8de una sy otras)
3) Se establece el carácter subsidiario de las normas generales sobre los procedimientos administrativos, que, por una parte, no se encuentra previsto en la disposición adicional Primera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, y por otra ignora la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.
4) Tampoco se transcriben las infracciones del Reglamento (como hace el Proyecto de Ley), técnica normativa que, además de equivocada, infringe la normativa de la Unión Europea, pues no se trata de una transposición (de una Directiva) sino de una Reglamento, sin que el ordenamiento interno de un estado miembro pueda pretender consoli dar un régimen cuya regulación corresponde a la Unión Europea.
5) Se deja vigente el artículo 46 de la LOPD/1999 que, como se ha señalado, regula las infracciones de las Administraciones públicas… pero es que ese precepto establece que “cuando las infracciones a que se refiere el artículo 44 fuesen cometidas en ficheros de titularidad pública o en relación con tratamientos cuyos responsables lo serían de ficheros de dicha naturaleza, el órgano sancionador dictará una resolución estableciendo las medidas que procede adoptar para que cesen o se corrijan los efectos de la infracción. Esta resolución se notificará al responsable del fichero, al órgano del que dependa jerárquicamente y a los afectados si los hubiera”, cuando se ha derogado el artículo 44 de la propia LOPD/1999 al que se hace referencia, y lo que es peor, cuando el Reglamento Europeo no excluye el tratamiento de datos personales por el hecho de que sea efectuado por una Administración pública.
Recuérdese, en este sentido, que el artículo 4.2 del Reglamento Europeo de Protección de datos define como “tratamiento” a “cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción”.
6) Se establece un régimen transitorio (disposición transitoria Primera del real Decreto-ley 5/2018) que contempla que “los procedimientos ya iniciados a la entrada en vigor de este real decreto-ley se regirán por la normativa anterior, salvo que el régimen establecido en el mismo contenga disposiciones más favorables para el interesado”, lo que no deja muy claro que ha de suceder con los procedimientos iniciados a partir del 25 de mayo de 2018, momento en el que el reglamento europeo ya ha desplegado todo sus efectos
Pudiera parecer que el legislador se encuentra ciertamente despistado y que comete errores de bulto (tanto de forma como de fondo).
En primer lugar porque no ha hecho su trabajo. Dos años es tiempo suficiente si se empieza el primer día. Dejarlo todo para el final, o para después, tiene estas consecuencias.
En segundo lugar porque hay un error de concepción que impide ver que el sistema viene construido desde Europa, sin que el Reglamento Europeo (por su propia naturaleza) necesite, para producir sus efectos, de ninguna santificación nacional adicional. Es, sobre esa base, que el Estado tendrá que desarrollar las normas de aplicación (procedimiento) sin que pueda realizar una reconstrucción del sistema aprobado por la Unión Europea. Se puede completar, se puede (y se debe) instrumentalizar mediante las correspondientes normas de desarrollo que colaboren con el Reglamento Europeo (normas reglamentarias nacionales). No parece que sea preciso complicar más el asunto.
En tercero porque parece querer conservar un régimen diverso para las Administraciones Públicas al mantener la vigencia del artículo 46 de la LOPD/1999 que no parece resulte compatible con lo previsto por el Reglamento Europeo.
En definitiva, un horizonte muy nublado por la confusión creada y que debiera, al menos, hacernos pensar sobre sobre la necesidad de regular en tiempo y forma como valor intrínseco a la seguridad jurídica.
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