viernes, 20 de julio de 2018

El Gobierno de Sánchez promete más gasto a comunidades y ayuntamientos en año electoral

El Gobierno de Pedro Sánchez dio ayer un paso más en su proceso de elevar el gasto y ofreció tanto a las comunidades autónomas como a los ayuntamientos un incremento de sus recursos disponibles en 2019, año que estará marcado por la celebración de las elecciones locales y autonómicas.

Primero, por la mañana, los ministerios de Hacienda y de Política Territorial se comprometieron con las entidades locales a flexibilizar la regla de gasto y ampliar el uso del superávit. Tal y como explicó la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Ejecutivo estudiará la manera de flexibilizar su aplicación y la dotará de una mayor transparencia, aspectos que los ayuntamientos habían demandado en más de una ocasión al Gobierno de Mariano Rajoy.

En términos de superávit, el Ejecutivo prorrogará los criterios aplicados el pasado año en materia de inversiones financieramente sostenibles, y estudiará «la posibilidad de que la parte municipal de los programas europeos se pueda financiar con cargo al superávit y sin que compute en la regla de gasto». En otras palabras, dará más libertad para que los ayuntamientos puedan gastar más y en más aspectos, y así lo evidenció el presidente de la Femp, Abel Caballero, que aseguró estar «más esperanzado que nunca» ante la «receptividad» del nuevo Gobierno.

Y por la tarde, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ratificó lo que ya había adelantado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: que las comunidades tendrán dos décimas de gasto adicional el próximo ejercicio, lo que supone unos 2.500 millones más. En concreto, los gobiernos autonómicos deberán cerrar con un déficit del 0,3% en lugar del 0,1% previamente previsto, y les obligará a reducir su desviación presupuestaria en sólo una décima, ya que este ejercicio deben terminar en el 0,4%. De esta manera, el Ejecutivo desvía a las autonomías parte de las cinco décimas adicionales que logró en la nueva senda que comunicó a Bruselas.

A ello hay que sumar que Montero planteó también una «reestructuración global» de la deuda de las comunidades autónomas para que puedan volver a salir a los mercados y recuperar «su autonomía financiera y política». Esta medida, que ya había planteado el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, permitirá a las autonomías «transitar más fácilmente» por su calendario de amortización. Además, en el caso de regiones con problemas para solventar lo que ha descrito como «deuda estructural», como es el caso de Cataluña o la Comunidad Valenciana, el Gobierno proyecta una modificación por la que buena parte de su pasivo pasaría de corto a medio plazo.

La jornada de ayer supuso el paso previo a la aprobación del techo de gasto de los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Montero ya adelantó ayer que el dato será superior al de 2019, cuando se situó en 119.834 millones de euros, mientras que Podemos ya le ha pedido al Gobierno que dispare la cifra en 15.000 millones.

Fuente: El Mundo



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El Gobierno se compromete en la CNAL a flexibilizar la regla de gasto y ampliar el uso del superávit

El Presidente de la FEMP, Abel Caballero, ha subrayado la receptividad del Gobierno ante las demandas de la Federación

Los Ayuntamientos han experimentado un cambio de estatus en la consideración del Gobierno de España. Así lo ha reconocido esta mañana el Presidente de la FEMP, Abel Caballero, tras la celebración de la Comisión Nacional de Administración Local, CNAL, la primera de convocada por el nuevo Ejecutivo, en la que la Federación ha recibido respuesta a sus demandas, “las mismas que ya teníamos con el Gobierno anterior”, en palabras de Caballero, y que son, entre otras, la flexibilización de la Regla de gasto y el destino del superávit de los Gobiernos Locales. Y ante esas demandas, “hemos encontrado en el Gobierno receptores sensibles y atentos”.

En materia de Regla de Gasto, el Ejecutivo se ha comprometido con la FEMP a retomar el trabajo del grupo ya constituido a este efecto y trabajar para estudiar la manera de flexibilizar su aplicación, “porque fuimos la única Administración cumplidora, y queremos que se entienda nuestra postura” dijo el Presidente. El objetivo es que los cambios se introduzcan en los próximos PGE

Sobre la utilización del superávit, Caballero explicó el anuncio del Ejecutivo de prorrogar los criterios aplicados el pasado año en materia de inversiones financieramente sostenibles, y anunció que, de cara los próximos presupuestos de 2019, la pretensión de la Federación es que desaparezcan las limitaciones, una pretensión que, subrayó, desde el Gobierno han entendido muy bien”.

En materia de superávit, el Ejecutivo también anunció que estudiaría la posibilidad de que la parte municipal de los programas europeos se pueda financiar con cargo al superávit y sin que compute en la regla de gasto, una demanda que, según explicó el Presidente, la FEMP mantiene desde hace tiempo ya que entiende, al igual que el Gobierno, que “es muy importante que los Ayuntamientos utilicen fondos europeos”.

Abel Caballero también se refirió a la sensibilidad del Gobierno con los Ayuntamientos que atraviesan situaciones de dificultad.

En referencia a la plusvalía, destacó el interés del Ejecutivo en sacar adelante una norma en línea con el acuerdo adoptado de manera unánime por la Federación para evitar las incertidumbres en la aplicación del tributo. Más adelante, se analizará la demanda de la Federación relativa a la compensación a los Consistorios por las pérdidas en la recaudación y las posibles devoluciones.

Otros anuncios reconocidos por la representación municipalista fueron la creación de un grupo de trabajo específico para trabajar en materia de reto demográfico y de otro grupo, también específico, para la evaluar las posibles modificaciones a incorporar en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) de cara a hacer posible la recuperación de competencias de los Consistorios. Competencias que, señaló Caballero, habrán de ir acompañadas de la financiación correspondiente. Con los resultados del trabajo de este grupo se prevé elaborar un proyecto de ley.

Otro de los temas que la FEMP ha planteado en la reunión ha sido el relativo a la petición para que se estudien posibles ajustes en la normativa contable para la liquidación del IVA de 2017 a los Gobiernos Locales. Caballero ha propuesto que se realice sobre la contabilidad de un año completo y no solo de once meses.

En sus declaraciones, Caballero también ha hecho una valoración muy positiva de la convocatoria de reunión formulada por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y por el hecho de que la Ministra Batet se reuniera con la cúpula de la Federación diez días después de su toma de posesión, entre otras actuaciones. A su juicio, esto supone que en la relación entre el Gobierno y la FEMP “cambió todo, formas y contenidos”, y los Ayuntamientos, “somos tratados como la Administración Autonómica y al mismo nivel”

Empoderamiento de los Gobiernos Locales

La importancia de empoderar a los Gobiernos Locales fue uno de los puntos destacados por la  Ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, que al finalizar la reunión manifestó la voluntad del “situar al Gobierno Local en el centro de la política”.

Por su parte, la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que hizo un reconocimiento expreso del buen trabajo realizado por la Administración Local en la gestión de sus cuentas, con resultados muy favorables para los objetivos del Reino de España, anunció que los objetivos de Estabilidad Presupuestaria para los Gobiernos Locales en el periodo 2019-2021 son de 0,0% de déficit en los tres ejercicios; y en materia de deuda, han quedado fijados en 2,3% de PIB  para 2019, 2,2 para 2020, y 2,1 para 2021.

Fuente: FEMP



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miércoles, 18 de julio de 2018

GALICIA: Convocatoria del curso superior La fiscalización y la nueva Ley de contratos del sector público

RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2018 por la que se convoca el curso superior La fiscalización y la nueva Ley de contratos del sector público (DOG 18/7/2018)

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martes, 17 de julio de 2018

Las medidas de self-cleaning: un análisis desde la perspectiva del principio de proporcionalidad

La cuarta generación de Directivas europeas sobre contratación pública contempla la posibilidad de que aquellos operadores económicos afectados por una causa de exclusión puedan eludir su expulsión del procedimiento de licitación de un contrato público mediante la adopción de las llamadas "medidas de autocorrección o self-cleaning". Este trabajo tiene por objeto analizar si, desde la óptica del principio de proporcionalidad, dichas medidas pueden erigirse como una alternativa válida a la exclusión de licitadores. Asimismo, se pondrán de relieve las dificultades prácticas en su aplicación con motivo de las deficiencias normativas existentes y se realizarán algunas propuestas de mejora.

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Incidente de ejecución de sentencia que ordena la demolición de inmuebles

Prestación de garantías suficientes para responder del pago de indemnizaciones a terceros de buena fe.

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lunes, 16 de julio de 2018

Exención de IBI a los inmuebles destinados a la enseñanza por centros concertados

Necesidad de que el titular de los inmuebles sea también el que desarrolle la actividad.

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viernes, 13 de julio de 2018

Disponible el número 212 de la Revista de Estudios Locales CUNAL. Junio 2018



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Pablo Arellano Pardo, nuevo Interventor General del Estado recibe al Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL).

 

 

 

A la reunión, que tuvo lugar ayer, asistió también por parte de la IGAE Mercedes Vega García, Subdirectora General de Estudios y Coordinación. Por parte de COSITAL asistieron, José Luis Pérez López, Presidente de COSITAL; Pilar Ortega Jiménez, Presidenta de Comisión de Control de la comisión ejecutiva.

 

Tras el reciente nombramiento del Interventor General se hacía imprescindible una reunión para dar continuidad a la línea de colaboración que se venía manteniendo con la anterior Interventora General. Especialmente importante es en estos momentos la aplicación y desarrollo del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en el Sector Público Local, que entró en vigor el pasado 1 de julio, y cuya responsabilidad de implantación recae en los Interventores Locales, colectivo al que representa este Consejo General. 

 

Por parte del Consejo General se trasladaron los acuerdos recientemente adoptados sobre el Proyecto de Control Interno, cuyo objetivo más inmediato a corto plazo es la puesta a disposición de los compañeros de herramientas definir un modelo de control interno a aplicar cada una de las organizaciones en las que prestan servicios, incluyendo -en la medida de lo posible- modelos de expedientes, y con especial atención a los municipios de menos de 5.000 habitantes. Para estos municipios el propio Real Decreto prevé un modelo simplificado, por lo tanto, debería ser también posible realizar un análisis de riesgos más sencillo, a la vista de que la estructura organizativa se agota muchas veces en el propio habilitado. 

 

También se solicitó la modificación de la Disposición Adicional Tercera de la Ley de Contratos del Sector Público, para que las referencias a la comprobación material de la inversión se maticen en los mismos términos en los que la realiza la IGAE, y no con el régimen de generalidad que allí aparece, asimilándola al régimen de comprobación estatal, ya que la definición funcional de la Ley General Presupuestaria y la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se realizan en idénticos términos, y por lo tanto la Ley de Contratos del Sector Público, no debe imponer un ámbito superior al control Local al del Estatal.

 

Se dio traslado de una propuesta de adaptación de la normativa estatal para dar cumplimiento al mandato del artículo 13 RDCIEL, y determinar los extremos que se considerarán, en todo caso, trascendentes en el proceso de gestión con respecto al ejercicio de la función interventora, en los supuestos que sean de aplicación a las Entidades Locales, que deberán comprobarse por el habilitado que ejerza la función interventora, independientemente de su régimen, funcionando como el mínimo de actuaciones cuya revisión ha de realizarse, en cada tipo de expediente.

 

Además, se trasladaron una nueva serie de consultas, cuya contestación se publicarán en nuestros canales habituales de comunicación en cuanto sean recibidas.

 

La IGAE por su parte reiteró el deseo de continuar en la misma línea de colaboración, mediante acciones formativas, publicaciones conjuntas y la resolución de consultas. Finalmente el Interventor General anunció a COSITAL que es previsible que la adaptación del Acuerdo por el que se aprueban los requisitos esenciales para el ejercicio de la función interventora limitada sea aprobada en el Consejo de Ministros de la próxima semana.

 



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Disponible el número 212 de la Revista de Estudios Locales CUNAL. Junio 2018




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jueves, 12 de julio de 2018

Pablo Arellano Pardo, nuevo Interventor General del Estado recibe al Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL).

 

A la reunión, que tuvo lugar ayer, asistió también por parte de la IGAE Mercedes Vega García, Subdirectora General de Estudios y Coordinación. Por parte de COSITAL asistieron, José Luis Pérez López, Presidente de COSITAL; Pilar Ortega Jiménez, Presidenta de Comisión de Control de la comisión ejecutiva.

Tras el reciente nombramiento del Interventor General se hacía imprescindible una reunión para dar continuidad a la línea de colaboración que se venía manteniendo con la anterior Interventora General. Especialmente importante es en estos momentos la aplicación y desarrollo del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en el Sector Público Local, que entró en vigor el pasado 1 de julio, y cuya responsabilidad de implantación recae en los Interventores Locales, colectivo al que representa este Consejo General. 

Por parte del Consejo General se trasladaron los acuerdos recientemente adoptados sobre el Proyecto de Control Interno, cuyo objetivo más inmediato a corto plazo es la puesta a disposición de los compañeros de herramientas definir un modelo de control interno a aplicar cada una de las organizaciones en las que prestan servicios, incluyendo -en la medida de lo posible- modelos de expedientes, y con especial atención a los municipios de menos de 5.000 habitantes. Para estos municipios el propio Real Decreto prevé un modelo simplificado, por lo tanto, debería ser también posible realizar un análisis de riesgos más sencillo, a la vista de que la estructura organizativa se agota muchas veces en el propio habilitado. 

También se solicitó la modificación de la Disposición Adicional Tercera de la Ley de Contratos del Sector Público, para que las referencias a la comprobación material de la inversión se maticen en los mismos términos en los que la realiza la IGAE, y no con el régimen de generalidad que allí aparece, asimilándola al régimen de comprobación estatal, ya que la definición funcional de la Ley General Presupuestaria y la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se realizan en idénticos términos, y por lo tanto la Ley de Contratos del Sector Público, no debe imponer un ámbito superior al control Local al del Estatal.

Se dio traslado de una propuesta de adaptación de la normativa estatal para dar cumplimiento al mandato del artículo 13 RDCIEL, y determinar los extremos que se considerarán, en todo caso, trascendentes en el proceso de gestión con respecto al ejercicio de la función interventora, en los supuestos que sean de aplicación a las Entidades Locales, que deberán comprobarse por el habilitado que ejerza la función interventora, independientemente de su régimen, funcionando como el mínimo de actuaciones cuya revisión ha de realizarse, en cada tipo de expediente.

Además, se trasladaron una nueva serie de consultas, cuya contestación se publicarán en nuestros canales habituales de comunicación en cuanto sean recibidas.

La IGAE por su parte reiteró el deseo de continuar en la misma línea de colaboración, mediante acciones formativas, publicaciones conjuntas y la resolución de consultas. Finalmente el Interventor General anunció a COSITAL que es previsible que la adaptación del Acuerdo por el que se aprueban los requisitos esenciales para el ejercicio de la función interventora limitada sea aprobada en el Consejo de Ministros de la próxima semana.

 



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La FEMP y Ecoembes convocan el Concurso “Emprendimiento Local por la Economía Circular”

Hasta el 28 de septiembre pueden presentarse propuestas de investigación y desarrollo de ideas innovadoras en economía circular

Las propuestas, que deberán ser innovadoras y creativas, teniendo en cuenta su viabilidad y sostenibilidad, deberán dar respuesta a alguno de estos retos: sistemas/modelos para prevenir la “basuraleza” (término acuñado para visibilizar el impacto en la naturaleza del depósito de residuos); recuperación de residuos de envases depositados en eventos multitudinarios, fiestas, manifestaciones, carreras populares, festivales, etc…; y medidas para la prevención de residuos en la Administración Local.

Los autores de las propuestas ganadoras del concurso recibirán como premio un paquete de formación específica impartida en The Circular Lab (Logroño), enmarcada bajo el concepto de economía circular, que persigue impulsar las mejores líneas de innovación en el ámbito de los envases y su posterior reciclado.

En el concurso puede participar toda persona física, mayor de edad que resida en el territorio español, funcionario de Administración Local, funcionario interino o trabajador con contrato laboral, tanto indefinido como temporal, en la Administración Local o empresa pública, y se podrán proponer participaciones en grupo, hasta un máximo de tres participantes por candidatura.

El plazo límite para la remisión de propuestas es el día 28 de septiembre de 2018. 

Bases del concurso

Fuente: FEMP



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miércoles, 11 de julio de 2018

Interpretación del Tribunal Supremo sobre el Impuesto sobre el Incremento del Valor de Los Terrenos de Naturaleza Urbana

Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2018 (recurso de casación 6226/2017)

1. El conflicto de las plusvalías tras las Sentencias del Tribunal Constitucional

El Tribunal Supremo se enfrenta a la interpretación que había de darse a la declaración de inconstitucionalidad que de los artículos 104, 107 y 110 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales (TRLHL) había efectuado el Tribunal Constitucional ha sido objeto de discusión.

Sobre un punto de partida en que era sentir común que las resoluciones del Tribunal Constitucional no dejaban claro cual había de ser el resultado sobre las liquidaciones que pudieran girarse por el  Impuesto sobre el Incremento del Valor de Los Terrenos de Naturaleza Urbana se alineaban dos posturas enfrentadas. De un lado quienes entendían que la consecuencia de esa declaración de inconstitucionalidad no podía ser sino que las liquidaciones eran nulas. De otro quienes interpretaban que era preciso determinar la existencia de un incremento de valor susceptible de ser gravado para poder girar la correspondiente liquidación.

De esta forma, para unos, todas esas liquidaciones dictadas en relación con el Impuesto sobre el Incremento del Valor de Los Terrenos de Naturaleza Urbana han de ser anuladas en cuanto giradas en aplicación de preceptos que han sido
expulsados del ordenamiento jurídico ex origine por el Tribunal Constitucional, sin que resulte posible examinar (reexaminar) la existencia de capacidad económica sobre la que sustentar  la liquidación practicada. Para otros, en cambio, entienden que habrá que analizar si, en el caso concreto, se ha producido, y queda acreditada, esa capacidad económica, derivada de la existencia de incremento de valor del suelo urbano,  susceptible de ser gravada por el impuesto
2.      El análisis del Tribunal Supremo resolviendo en interés casacional

 

2. El análisis del Tribunal Supremo resolviendo en interés casacional

El Tribunal Supremo entendió que concurrían las circunstancias exigidas para poder entrar a resolver sobre la cuestión que había de concretarse en que, declarada la inconstitucionalidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 del TRLHL por la Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, de 11 de mayo, era preciso en aras de los principios de seguridad jurídica, igualdad en la aplicación de la Ley y reserva de ley en materia tributaria (artículos 9.3, 14, 31.3 y 133 de la Constitución), de ello se derivaba, en todo caso, la anulación de las liquidaciones y el reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos en las solicitudes de rectificación de autoliquidaciones por el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, sin entrar a valorar la existencia o no en cada caso de una situación inexpresiva de capacidad económica.

Sobre estas premisas (posiciones discrepantes e interés casacional) el Tribunal Supremo establece que:

1)      La Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017 no declara la inconstitucionalidad, total o absoluta, de todos los preceptos que menciona en su fallo

2)      No puede afirmarse que la cuantificación del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana carezca de la debida cobertura legal

3)      No es cierto que dicha valoración de la prueba y la determinación del importe del eventual incremento de valor del terreno no pueden corresponder al aplicador del Derecho

4)      Ni se puede decir que hasta tanto se produzca la intervención legislativa que ha reclamado el máximo intérprete de la Constitución en la STC 59/2017, no
cabe practicar liquidación alguna del IIVTNU (o, procede, en todo caso, la anulación de las liquidaciones y el reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos en las solicitudes de rectificación de autoliquidaciones correspondientes al IIVTNU, sin entrar a valorar la existencia o no en cada caso de una situación reveladora de capacidad económica).

 

3. La interpretación del Tribunal Supremo

Dos son las líneas que el Tribunal Supremo establece en relación a la cuestión objeto de análisis (Fundamento 7).

1)      Los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL son constitucionales y resultan, pues, plenamente aplicables, en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual, una capacidad económica susceptible de ser gravada con fundamento en el artículo 31.1 de la Constitución

2)      El artículo 110.4 del TRLHLes inconstitucional y nulo en todo caso, lo que tiene como consecuencia (posibilita) que los obligados tributarios puedan probar, desde la STC 59/2017, la inexistencia de un aumento del valor del terreno ante la Administración municipal o, en su caso, ante el órgano judicial, y, en caso contrario, es la que habilita la plena aplicación de los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL.

Por tanto, corresponde al obligado tributario probar la inexistencia de incremento de valor del terreno onerosamente transmitido (Fundamento 5.1) mediante cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita apreciarla (Fundamento 5.2). Y, aportada por el obligado tributario la prueba de que el terreno no ha aumentado de valor, deberá ser la Administración la que pruebe en contra de dichas pretensiones para poder aplicar los preceptos del TRLHL que el fallo de la STC 59/2017 ha dejado en vigor en caso de plusvalía (Fundamento 5.3).

De esta forma, y como pone de manifiesto la propia sentencia, contra el resultado de la valoración de la prueba efectuada por la Administración en el seno del procedimiento tributario correspondiente, el obligado tributario dispondrá de los medios de defensa que se le reconocen en vía administrativa y, posteriormente, en sede judicial. En la vía contencioso-administrativa la prueba de la inexistencia de plusvalía real será apreciada por los Tribunales de acuerdo con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA) y, en último término, y tal y como dispone el artículo 60.4 LJCA, de conformidad con las normas del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

 

4. Conclusión

Resulta posible que la Administración (municipal) gire liquidaciones por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de Los Terrenos de Naturaleza Urbana en aquellos casos en los que (entre transmisión y transmisión) se produzca un incremento en el valor de esos terrenos, incrementos que podrá ser combatido (acreditado y desacreditado) por las partes conforme a las normas generales establecidas para la prueba.

Es posible liquidar el impuesto cuando quede probada la existencia de capacidad económica que se deriva de ese incremento de valor, a lo que el obligado puede oponer la correspondiente prueba que, a su vez, la Administración puede desacreditar.

 

 

 



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