Al autor le parece urgente una reconsideración de la suspensión de plazos administrativos y procesales mientras subsista el Estado de Alarma, porque causa enormes perjuicios a la ciudadanía y constituye un freno innecesario a la economía. La Administración y los Tribunales tienen una gran importancia en la vida diaria de los ciudadanos y en el correcto funcionamiento económico. La suspensión de plazos establece una enorme distorsión en la asignación de derechos y en las expectativas económicas. Justo cuando la administración y la justicia son más necesarias que nunca, no puede consentirse un funcionamiento a medio gas de las instituciones, innecesario para lograr los objetivos que persigue la prevención de la salud pública.
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