La controversia suscitada en el presente recurso de casación consiste en determinar -tras la reforma llevada a cabo por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, en los arts. 84.4 de la Ley Concursal y 164.2 de la LGT- cuáles son los límites de la Administración para dictar providencias de apremio contra un deudor tributario con el fin de hacer efectivos los créditos contra la masa.
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