Como el Guadiana, cada cierto tiempo resurge el debate sobre la naturaleza jurídica de la contraprestación económica que el usuario deba pagar por recibir un servicio público, si debe ser tasa o si puede ser tarifa, con particular énfasis y tensión cuando se trata del suministro domiciliario de agua potable y éste se presta bien por sociedad mercantil pública, bien por concesionario. La controversia se complica aún más con la distorsión que genera su relación con la potestad autonómica de control de precios (dado que las tasas, en tanto que tributos, se entienden exentas y es manifiesta la voluntad de escapar de esa tutela) […]
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