El presente trabajo tiene por objeto analizar el régimen jurídico de los altos cargos desde la perspectiva del buen gobierno que, como se sabe, constituye una de las principales tendencias que actualmente alimentan el diseño interno de las instituciones públicas. Se detiene, particularmente, en la determinación del ámbito de aplicación subjetivo establecido en el artículo 25 de la Ley de transparencia y buen gobierno, así como al régimen sancionador en materia de conflictos de intereses regulado en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
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