¿Cuánto cuestan las diputaciones provinciales?

Para 2016, las diputaciones cuentan con un presupuesto aproximado de casi 6.400 millones de euros.

Su gestión opaca y las críticas de ser agencias de colocación de los partidos han puesto en tela de juicio su misión original: ahorrar dinero.

Las diputaciones provinciales llevan tiempo en el punto de mira, pero, ahora, el acuerdo de investidura entre PSOE y Ciudadanos les da la puntilla definitiva. El pacto de Pedro Sánchez y Albert Rivera incluye la supresión de estos organismos para transformarlos en consejos provinciales de alcaldes.

Las diputaciones son los organismos que controlan el poder territorial en España y cuentan con un presupuesto de casi 6.400 millones de euros, que alcanzaría los 22.000 millones si se incluyen las diputaciones forales (13.200) y las Islas Baleares y Canarias (2.100). No sólo controlan los presupuestos más potentes a nivel territorial, sino que suman un total de 60.696 empleados, 7.000 más que el Banco Santander y el BBVA juntos en España.

Pincha en el gráfico de abajo para ver cuál es el gasto de la diputación de tu provincia. Los datos se refieren a los presupuestos consolidados de 2016 (incluye el presupuesto individual de la diputación y el de sus entidades dependientes) presentados por las diferentes diputaciones. La mayoría de ellos están aprobados de manera definitiva y otros se encuentran en su etapa inicial, salvo el de la diputación de Albacete, que es del 2015 porque aún no han publicado los de este año.

En la actualidad, España cuenta con 38 diputaciones de régimen común, a las que hay que sumar las tres diputaciones forales del País Vasco, que cuentan con un régimen especial al tratarse de territorios históricos. De hecho, las diputaciones vascas son órganos de elección directa y tienen competencias para gestionar los impuestos.

Las seis comunidades autónomas uniprovinciales, Asturias, Madrid, Cantabria, La Rioja, Murcia y Navarra, no cuentan con diputaciones provinciales, ya que sus competencias fueron absorbidas en su día por los gobiernos autonómicos. En el caso de Navarra, el Gobierno foral se denomina Diputación foral. Por su parte, las islas tampoco cuentan con diputaciones, sino que tienen siete cabildos insulares en Canarias y tres consejos en Baleares.

El acuerdo firmado entre PSOE y Ciudadanos afectaría, en principio, sólo a las 38 diputaciones de régimen común.

¿Para qué sirven?

La pregunta del millón es: ¿a qué se dedican realmente las diputaciones? Curiosamente, en su origen, estos organismos deberían servir para ahorrar dinero, ya que su función consiste en prestar servicios comunes para municipios distintos de menos de 20.000 habitantes. Se encargan así de gestionar recursos como el agua, los residuos o los bomberos y de distribuir los fondos estatales para las infraestructuras.

Sin embargo, su gestión opaca y las críticas por haberse convertido en agencias de colocación de los partidos han puesto en tela de juicio su misión original. Otro de los problemas que plantean es su déficit democrático, ya que sus diputados no se escogen por elección directa, sino a través de los comicios municipales.

Cada provincia está dividida en partidos judiciales, que agrupan a varios municipios y, según los sufragios obtenidos, se les asigna un número de diputados. En total hay 1.040 diputados provinciales a los que hay que sumar 155 consejeros de los Cabildos insulares, según los datos del Ministerio del Interior.

¿Quién las gobierna?

Si durante varios años el PP tuvo la hegemonía del poder en las diputaciones, tras las últimas elecciones municipales del 24 de mayo de 2015, se produjo un vuelco y los socialistas arrebataron el primer puesto a los 'populares'. En la actualidad, el PSOE gobierna en 18 diputaciones, lo que equivale a un presupuesto aproximado de 3.317 millones de euros; el PP en 15, unos 1.763 millones; CiU en 4, 1.181 millones; y el Partido Aragonés, en 1, con un presupuesto de 54 millones (ver el gráfico de arriba).

Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana son las comunidades cuyas diputaciones manejan un presupuesto más abultado. Las diputaciones andaluzas gestionan 2.000 millones de euros, por lo que parece lógico que el acuerdo entre Sánchez y Rivera no haya sentado nada bien en las filas del PSOE andaluz.

¿Quién las defiende?

Desde que estalló la crisis, son muchas las voces que han pedido la supresión de las diputaciones como una manera de reducir la Administración y de evitar duplicidades. Sin embargo, el PP se ha opuesto frontalmente a su desaparición. No olvidemos que Mariano Rajoy fue presidente de la Diputación de Pontevedra. A su juicio, sin diputaciones los pequeños municipios se quedarán sin servicios y en una situación muy complicada.

Cuando era líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba ya intentó en 2011 introducir en su programa electoral la supresión de estos entes, pero tuvo que recular por la presión de los poderes regionales y locales de su partido.

UPyD también defendió en su día la desaparición de estos organismos. Los últimos en apuntarse a esta demanda han sido Podemos y Ciudadanos, quien finalmente ha logrado que el PSOE incluya la supresión de las diputaciones en su pacto de investidura.

¿Qué escándalos han sufrido?

Aunque no se encuentran en la primera línea de los escándalos, cada cierto tiempo salta un caso de corrupción que afecta a las diputaciones provinciales. Las críticas y acusaciones por los contratos a familiares y amigos en el seno de estos entes se repiten periódicamente.

Especialmente llamativo fue el caso de José Luis Baltar, condenado por haber colocado a 104 personas en la Diputación de Orense durante los dos años que estuvo al frente de la institución. La Justicia inhabilitó a Baltar, que se autodenominaba 'cacique bueno', por este enchufe masivo. Ahora, su hijo José Manuel, actual presidente de la Diputación, ha sido denunciado por acoso sexual y está siendo investigado por un presunto delito de cohecho.

En la Comunidad Valenciana, los tres ex responsables de sus diputaciones se encuentran imputados o encarcelados. Alfonso Rus, ex presidente de la Diputación de Valencia, fue detenido por estar implicado en una trama de corrupción municipal y regional; Carlos Fabra, ex presidente de la Diputación de Castellón, está en la cárcel por fraude fiscal y el ex presidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll se encuentra procesado por el 'caso Brugal', que investiga la manipulación de la gestión de las basuras.

La Diputación de León también saltó a la crónica negra de las noticias por el asesinato de su presidenta, Isabel Carrasco, a manos de Montserrat González.

Fuente: El Mundo

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