Los dos proyectos de ley que acabarán con el papel en la relación de los ciudadanos con la Administración, la ley del procedimiento administrativo común y la ley de régimen jurídico del sector público, pasarán este jueves su primer trámite en el pleno del Congreso. Ambos proyectos, enmarcado en la reforma de las administración emprendida durante la actual legislatura, tratan de consolidar, según el Gobierno, los esfuerzos que se han realizado en los últimos años para reducir y racionalizar el sector público.
El primero de los dos proyectos de ley -régimen jurídico del sector público- regula las relaciones externas entre las distintas administraciones y los administrados, es decir, los ciudadanos, mientras que la ley de procedimiento administrativo común se centra en la regulación sistemática de las relaciones internas entre administraciones.
Ambas normas buscan una administración electrónica, interconectada y transparente, así como facilitar las relaciones de los ciudadanos con las distintas administraciones del Estado.
Pero el objetivo principal es facilitar las relaciones de los ciudadanos con la administración, con una clara apuesta por la relación electrónica.
Así, por ejemplo, está previsto que la administración pueda avisar mediante un mensaje al teléfono móvil del ciudadano que lo haya solicitado, de que tienen una notificación que pueden consultar a través de internet.
Como regla general, se establece la no solicitud de documentos originales, como la declaración de la Renta o el certificado de empadronamiento, si obran en poder de la administración.
Se eliminan también las fotocopias. La administración no las pedirá si se trata de documentos que ya están registrados, y corresponderá al organismo en cuestión, y no al ciudadano, aportarlo.
Para los trámites en los que estén implicadas distintas administraciones, se está trabajando en la puesta en marcha de una "plataforma de intermediación de datos".
De esta forma, si en un procedimiento con una administración se requieren papeles que obren en poder de otra, se podrán conseguir a través de esta plataforma.
Además, se habilita un procedimiento administrativo exprés para casos de menor complejidad y se generalizan, en todos los procedimientos administrativos, la reducción del importe de las sanciones por pronto pago o reconocimiento de la responsabilidad.
Entre otras medidas, se pondrá en marcha un inventario "único y público" de todos los organismos que dependen de las distintas administraciones del Estado, así como un registro de todos los organismos que colaboran con la administración y los convenios firmados por el Estado.
Todas las comunicaciones entre administraciones serán, además, por la vía digital, y se refuerza el control y la disciplina de las administraciones públicas para lograr la consolidación fiscal.
Las nuevas normas introducen también importantes novedades para las empresas, que se relacionarán "obligatoriamente" de forma electrónica con todas las administraciones, como ya hacen con Hacienda y la Seguridad Social.
Se reducen también las cargas administrativas, al no exigirse documentos que ya tiene la administración o que puede elaborar, y se fija una fecha común -los meses de abril y junio- para la entrada en vigor de normas que puedan afectar a las empresas, de forma que sólo tengan que adaptarse en dos momentos del año y puedan planificar su actividad.
Fuente: INAP – La Vanguardia
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