Se impugna la sanción impuesta a la recurrente de declaración de incumplimiento de la Ley 5/2006, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, no pudiendo ocupar ninguno de los altos cargos previstos en el art. 3 de la citada Ley durante 7 años, y ello por no haberse abstenido en los asuntos que concernían a una sociedad en la que la interesaba había prestado servicios profesionales.
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