País Vasco, Navarra y Castilla y León sacan la mejor nota en servicios sociales, mientras que otras ocho regiones suspenden.
El sector de los servicios sociales y la dependencia es uno de los apartados donde más han recortado las administraciones autonómicas y locales. Cerca de 2.212 millones entre 2011 y 2013, según ha denunciado hoy la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales en su Índice DCE 2014. Esta radiografía de la dependencia en España asegura que el gasto en este ámbito (que afecta a ocho millones de personas) ha pasado de los 355,02 euros por habitante en 2011 a los 306,91 euros que se contabilizaron el año pasado. Esto supone una rebaja de 47,11 euros por habitante (un 13,3% menos). Globalmente, el gasto en servicios sociales de todas las administraciones públicas representa el 1,5% del PIB: 14.982 millones en 2013.
El informe asevera que este recorte no es consecuencia en exclusiva del “empobrecimiento en general y las dificultades presupuestarias” sino también del “desinterés” de las administraciones para recaudar y generar riqueza. Según esta asociación, en el intervalo entre 2011 y 2013, el Gobierno ha reducido su aportación a los servicios sociales en 937 millones (un descenso del 37,3%), las comunidades autónomas se han gastado 1.253 millones (-10,7%) y las entidades locales han reducido las partidas en 983 millones (-20,7%).
Es en diputaciones y ayuntamientos donde más impacto está teniendo la crisis, donde se han perdido cerca de 10.000 puestos de trabajo. Además, los servicios más próximos han sido, por su parte, los más afectados. El servicio de ayuda a domicilio ha perdido 6.380 beneficiarios en un solo año, mientras que la teleasistencia ha perdido a 7.467 personas. “Estos recortes suponen que ocho millones de usuarios estén más cerca del precipicio de la exclusión social”, ha denunciado José Manuel Ramírez, presidente de la asociación, quien también ha señalado que la perspectiva para los próximos años es “muy pesimista”. En este sentido, Gustavo García, uno de los coordinadores del informe anual ha señalado que la reforma local afectará de forma “drástica” a los servicios sociales más cercanos y ha denunciado que en los dos últimos años ni planes estratégicos, ni leyes o catálogos para desarrollar estas normas.
Disparidad
El Índice DEC puntúa los derechos de los ciudadanos, los recursos económicos y la cobertura. En su último informe destaca la disparidad entre las diferentes comunidades. Sobre salen de la media tres: País Vasco, con una nota de 7,50 (sobre diez); Navarra (6,85) y Castilla y León (6,65). Otras tres regiones superan los seis puntos de valoración: Cataluña (6,15), La Rioja (6,20) y Asturias (6,35). Aprueba por los pelos Aragón (5,05), seguida por Castilla La Mancha (5,70) y Cantabria (5,85). Por el contrario, hasta ocho regiones suspenden: Extremadura (4,15), Andalucía (4), Baleares (3,85), Madrid (3,70), Galicia (2,85), Canarias (2,60), Murcia (2,10) y Comunidad Valenciana (0,60), donde la asociación afirma que se “ha desmantelado todo”.
El desarrollo es tan dispar que mientras en el País Vasco hay 127,76 plazas de alojamiento para personas sin hogar por cada 100.000 habitantes, en Extremadura existen 17,48. En Castilla y León, por ejemplo, hay 7,23 plazas residenciales por cada cien personas mayores de 65 años; Murcia, por el contrario solo tiene 2,29. Para paliar estas desigualdades, los gestores de servicios sociales exigen al Gobierno una regulación para homogeneizar el sector.
Fuente: Eldiario.es
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