Casi una veintena de ciudades se benefician ya de los servicios de la Central de Contratación de la FEMP

La Central de Contratación de la FEMP y los servicios que presta ya cuentan entre sus beneficiarios con 19 capitales de provincia y ciudades con más de 100.000 habitantes. A las ciudades se suman otras diez Diputaciones Provinciales y un Consell Insular.

La Central de Contratación de la FEMP y los servicios ofrecidos en su ámbito también son de interés y utilidad para las Entidades Locales grandes, según se extrae de los niveles de vinculación a la misma y que se resumen en trece capitales de provincia (una de ellas con más de 100.000 habitantes) y seis municipios con población superior a esa cifra (Fuenlabrada, Torrejón de Ardoz, Elche, Cartagena, Leganés y Getafe).

Las Entidades Supramunicipales también se han sumado a los beneficios de la contratación centralizada de servicios. Así, las Diputaciones Provinciales de Alicante, Almería, Badajoz, Jaén, Lleida, Ávila, Soria, Málaga, Girona y Segovia, y el Consell Insular de Ibiza ya están en este grupo.

En total, el número de adhesiones a la Central era de 675 a cierre de esta edición y seguía creciendo cada día. Las adhesiones entre los municipios FEMP se producen en todo el territorio nacional, aunque los dos archipiélagos, Asturias, Murcia y Madrid, son las Comunidades Autónomas donde la incidencia es mayor.

Licitación de nuevos servicios

Algunos servicios como el de asistencia técnica y colaboración para la gestión, notificación y recaudación voluntaria y ejecutiva de multas de tráfico se encuentran en fase de licitación muy avanzada. Y en fase de adjudicación está ya el Servicio de consultoría, asesoramiento y soporte técnico para la implantación de un modelo integral de contratación centralizada para las Entidades Locales asociadas a la FEMP.

Los próximos servicios a licitar, con pliegos ya avanzados son los de contratación de suministro de combustible y también de gas y de electricidad. En breve lo serán los de telefonía fija y móvil; los servicios postales y telegráficos, publicidad, paquetería, buzoneo, servicios on-line y práctica de notificaciones presenciales y telemáticas; así como los de suministro a las Entidades Locales (y entidades dependientes) asociadas a la FEMP de luminarias con tecnología LED, sin inversión previa por las Entidades Locales.

Jornadas informativas

Por otro lado, el próximo mes de septiembre se reanudará el ciclo de jornadas formativas que llevarán a los responsables de la Central de Contratación de la FEMP por las diversas Federaciones Territoriales para acercar y explicar, de primera mano, las ventajas que puede reportar para los municipios la centralización en la contratación de servicios.

La Federación de Entidades Locales de las Illes Balears, la Diputación Provincial de Jaén y la Federación de Municipios de la Región de Murcia (su Presidente, Miguel Ángel Cámara, explica sus opiniones en la entrevista que aparece en estas páginas) ya han acogido la celebración de sus jornadas.

Se celebró otra jornada con el Consejo General de Colegios Profesionales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (COSITAL), en la que se trataron diversos aspectos sobre los procedimientos de contratación en todas sus fases, desde la elaboración de los acuerdos marco hasta la contratación final del servicio.

La adhesión a la Central de Contratación de la FEMP no conlleva obligación alguna. En el caso de que la Entidad Local que haya suscrito el acuerdo de adhesión esté interesada en beneficiarse de algún servicio concreto, bastará con que suscriba el acuerdo específico al acuerdo marco del servicio.

Los beneficios que reporta el sistema son, en primer lugar, de tipo económico, ya que la centralización de la compra permite generar economías de escala y negociar mejores precios.

En el caso de la Central de la FEMP, además, hay que tener en cuenta las facilidades en los trámites administrativos que conlleva el proceso de contratación. Desde la Federación, y con la asistencia técnica Gómez-Acebo&Pombo, se garantiza la contratación ajustada a todos los protocolos y el cumplimiento con todas las exigencias normativas de aplicación a estos efectos.

Fuente: FEMP

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La oposición se moviliza contra la reforma de la elección de alcaldes

El PSOE se vuelca para frenar el cambio electoral, que ni siquiera negociará

Pedro Sánchez: “El PP solo busca la elección directa del PP”

La decisión de Mariano Rajoy de impulsar por su cuenta una reforma del sistema de elección de alcaldes para aplicarla en las municipales de 2015 no tuvo este miércoles ni un solo apoyo de otro grupo político. Más bien encontró la respuesta contundente de la oposición, el anuncio de movilizaciones en contra y hasta declaraciones dentro del PP condicionando los cambios al consenso.

El PSOE rechaza la propuesta y este miércoles anunció que ni siquiera se sentará a negociarla cuando el Gobierno la presente dentro de un paquete de medidas de regeneración democrática. “El PP sólo busca una elección directa: la del PP”, escribió en Twitter el líder de los socialistas, Pedro Sánchez.

El PSOE estudiará las propuestas del Gobierno contra la corrupción y presentará las suyas, pero pedirá que se saque de la negociación la reforma electoral. Entiende que no tiene relación con la regeneración y que sólo sirve para beneficiar al PP, en vísperas de unas elecciones.

La movilización de los socialistas tendrá continuidad hoy con un acto improvisado en Toledo por el número dos del partido, César Luena. En él anunciará ante alcaldes socialistas de Castilla-La Mancha iniciativas para frenar la reforma que impulsa Mariano Rajoy. Por ejemplo, los socialistas estudian presentar mociones en Ayuntamientos en contra del cambio legal, además de actuaciones en el Congreso.

El alcalde de Vigo y vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Abel Caballero, aseguró que su partido “no negociará esto ahora ni nunca” y que “el PP pretende cambiar él solo la bóveda del sistema electoral en España. Esto no había ocurrido nunca. Es una burla a la democracia”. Y el alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, acusó a Rajoy de “pisotear el espíritu constitucional”.

El presidente pretende negociar con los grupos parlamentarios medidas que incluyen la reforma de la ley electoral para que el partido más votado se haga con las alcaldías y para que, si ninguno supera el 40% de los votos, pueda celebrarse una segunda vuelta entre los dos principales. Sánchez ya trasladó directamente a Rajoy que no apoyaría esta reforma, pero el presidente mantiene su intención de seguir adelante y ha dado instrucciones en ese sentido a los dirigentes de su partido. Si la llevara a cabo, sería la primera vez en democracia que se reforma la ley electoral sin consenso entre los dos grandes partidos.

También Izquierda Unida anunció su intención de llevar el asunto a todas las instituciones para que muestren su rechazo a lo que descalificó con expresiones como “golpe de Estado a la democracia municipal”. La formación que encabeza Cayo Lara también anunció que no negociará sobre este asunto con el Gobierno. Rosa Díez, líder de UPyD, rechazó de plano la reforma, que según sus cálculos favorece al PP y, en todo caso, perjudica a su formación.

No hay respuesta de los partidos nacionalistas, pero ya en julio el PNV expresó su rechazo a la propuesta inicial del Gobierno al entender que favorece a Bildu en los Ayuntamientos del País Vasco y Navarra. De hecho, el portavoz nacionalista en el Congreso, Aitor Esteban, trasladó al PSOE su apoyo al rechazo a la idea, que apenas había esbozado entonces Rajoy. Si la reforma sale adelante en los términos actuales, la coalición EH Bildu será la gran beneficiada en muchos municipios vascos, donde fue primera fuerza en los pasados comicios locales. Pese a ello, la presidenta del PP en esa comunidad, Arantza Quiroga, aseguró este miércoles en Bilbao que es una “medida necesaria, que responde a la voluntad de acercar la política a los ciudadanos”, aunque con la modificación legal se pueda “beneficiar a Bildu”.

La propuesta del Gobierno chocaría además con la estrategia frustrada que han desplegado los populares vascos durante los últimos tres años para desbancar a la izquierda abertzale de la alcaldía de San Sebastián y de la Diputación de Gipuzkoa, las principales instituciones que gobierna Bildu tras ser la lista más votada en 2011. Quiroga apuntó, asimismo, que el PNV, que no se unió a la coalición con PP y PSOE para evitar que Bildu gobernara, no tiene razones para oponerse a la reforma. “La ley será igual para todos”, manifestó Quiroga, quien se mostró a favor de las listas abiertas. Bildu, por su parte, tachó la reforma de “antidemocrática” y afirmó que solo beneficiará al PP, informa Eneko Ruiz Jiménez.

En defensa del cambio legal salió el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, con el argumento de que “observar que los que pierden gobiernan y los que han ganado se encuentran en la oposición aleja a los ciudadanos de la política”.

El dirigente del PP se esforzó en explicar que intentarán en todo caso negociar con el resto de los partidos. Confirmó que en septiembre abrirán una ronda de consultas y que están “dispuestos a oír todas las iniciativas y dialogar hasta la extenuación”. Arenas insistió en que el PSOE llevó una propuesta de elección a dos vueltas de los alcaldes en su programa de las generales de 2008. Por eso, exigió “coherencia” a Pedro Sánchez.

El dirigente del PP también indicó que el diálogo con el PSOE es “esencial como segunda fuerza política en España”, si bien afirmó que “no se puede menospreciar la posición del resto de los grupos parlamentarios”. Es decir, no confirmó si seguirá adelante con la reforma sin consenso, pero hizo valer la fuerza parlamentaria del PP, con mayoría absoluta holgada para aprobarla sin apoyos.

Fuente: El País

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El PSOE pide la comparecencia urgente de Montoro por la reforma local

Javier Arenas presume de que el PP logró que el conjunto de los municipios tengan superávit.

La aplicación de la reforma local, que el PP sacó adelante en diciembre de 2013 sólo con el apoyo de UPN y la abstención del PNV, está en el punto de mira del grupo socialista, que ha pedido en el Congreso la comparecencia urgente del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la comisión de Administración Pública. La oposición quiere que el ministro explique el alcance de la aplicación de la reforma en los 8.117 Ayuntamientos españoles. La ley fue presentada por el Gobierno como una de las de mayor calado en esta legislatura y que está siendo bloqueada por las comunidades autónomas, que sin más financiación no quieren hacerse cargo de los servicios que deberán dejar de prestar los municipios. En concreto, los socialistas quieren saber cómo está afectando la norma, que entró en vigor en enero, a la prestación de los servicios básicos (educación, sanidad y servicios sociales).

La secretaria de política municipal del PSOE, Adriana Lastra, asegura que la intención del Gobierno es “desmantelar la estructura del Estado empezando por los Ayuntamientos”, y augura poco recorrido a la norma. Según la ley, el 31 de diciembre de este año las autonomías tendrían que asumir todas las competencias en servicios sociales de los municipios, y este 2014 ya se tendrían que haber transferido una parte de los servicios sanitarios. El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, estaría obligado a comenzar a negociar un convenio con la región para ceder el Servicio Municipal de Urgencias (Samur), la teleasistencia o los centros de mayores. Frente a ese escenario, el Gobierno de Ignacio González ha preferido legislar para que todo siga como hasta ahora mientras no se negocie un nuevo sistema de financiación. Fuentes regionales cifran en 1.100 millones de euros adicionales lo que el Ejecutivo madrileño debería aportar para rescatar las competencias de sus municipios.

Antes que Madrid iniciaron la batalla otras comunidades, como Castilla y León, bajo la amenaza de que el rescate de competencias desequilibraría sus cuentas. Asturias, Galicia, Cataluña, Extremadura, Andalucía o La Rioja han desarrollado su propia legislación sectorial para esquivar su aplicación. El malestar de los alcaldes, que pierden las riendas de servicios básicos para los ciudadanos, es evidente y se ha traducido en un recurso de inconstitucionalidad firmado por unos 3.000 consistorios.

Sin embargo, el PP insiste en defender que la gestión de Mariano Rajoy ha propiciado que el conjunto de los municipios estén, por segundo año, en una situación de superávit frente al déficit que presentaban al inicio de la legislatura. “Esos ayuntamientos están siendo grandes actores para salir de la crisis con el esfuerzo de todos los españoles”, manifestó Arenas ayer.

Fuente: El País

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De la Serna apuesta por arbitrar medidas para que los ayuntamientos sean gobernados por la lista más votada

El alcalde de Santander y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Iñigo de la Serna, ha apostado este martes por arbitrar las medidas necesarias para que los ayuntamientos sean gobernados por la lista más votada, algo que, en su opinión, "respondería con más fidelidad a la voluntad ciudadana, reflejada en las urnas".

De la Serna se ha manifestado así en un acto celebrado en el Ayuntamiento de Marbella, junto a su alcaldesa y presidenta de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Ángeles Muñoz; el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas; y el presidente del Partido Popular en Andalucía, Juan Manuel Moreno. Han estado presentes también el presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, y el alcalde de Benahavís, José Antonio Mena.

"El objetivo de la propuesta del Partido Popular sería acercar el sistema de representación y gobernabilidad a la voluntad democrática de los ciudadanos", ha resumido De la Serna, quien ha subrayado que, de esta forma, se reforzaría la legitimidad popular y representativa de los alcaldes, facilitando la gobernabilidad, garantizando la estabilidad durante el mandato electoral y se posibilitaría el cumplimiento del programa electoral propuesto a los ciudadanos.

De la Serna ha recordado que la Constitución Española contempla la posibilidad de que los alcaldes sean elegidos directamente por los vecinos y ha señalado que en países de nuestro entorno, como Francia y Portugal, se contempla la designación como alcalde de la persona que encabece la lista más votada, informa el PP de Cantabria en un comunicado de prensa.

Por otra parte, el regidor santanderino ha destacado que, gracias a las medidas que ha puesto a disposición de los municipios el Gobierno de Mariano Rajoy, las entidades locales "han conseguido salvar los objetivos de estabilidad presupuestaria para el conjunto del país".

En este sentido, ha precisado que los municipios españoles han cerrado el primer trimestre del año con un superávit de 2.010 millones de euros. Asimismo, ha indicado que la deuda de las Entidades Locales españolas continúa manteniéndose estable, pese a que la del conjunto de las Administraciones Públicas se ha elevado al 98,2% del PIB, 1.007.319 millones de euros, según los datos avanzados por el Banco de España.

"Es un signo de que las entidades locales están haciendo bien las cosas", ha subrayado De la Serna, quien no obstante, ha apostillado que estos ratios "no se habrían alcanzado" si el Gobierno de Rajoy no hubiera arbitrado medidas como el plan de pago a proveedores, la flexibilización de las devoluciones de los pagos a cuenta del Estado o la refinanciación de las condiciones con los bancos.

Fuente: Europa Press

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Las autonomías frenan la ley que les obliga a asumir servicios municipales

Ocho comunidades blindan sus competencias y eluden aplicar la reforma local.

La Asamblea de Madrid (con mayoría absoluta del PP) aprobó el mes pasado una ley que aplaza —hasta que se apruebe un nuevo sistema de financiación— la asunción de ciertas competencias en materia de sanidad, educación y servicios sociales, unas competencias que ahora están en manos de los Ayuntamientos y cuyo traspaso a las comunidades ordenaba la reciente ley de reforma local del Gobierno de Mariano Rajoy. Cataluña ha hecho lo propio con un decreto ley publicado el pasado lunes en el Boletín Oficial del Estado. En el preámbulo de ese decreto, la Generalitat habla de la “incertidumbre jurídica” que ha creado la reforma local, que entró en vigor el pasado enero en toda España y que, según el texto, “ha generado numerosas y contradictorias interpretaciones por parte de los entes locales”.

Extremadura, gobernada por el PP, ha desarrollado la ley estatal con sus propias claves para evitar que desaparezcan las mancomunidades de su región. Más contundente ha sido Andalucía, que ha aprobado un decreto ley pensado como un “dique de contención contra el desmantelamiento de la Administración local”, en palabras del vicepresidente Diego Valderas (IU). Galicia, Castilla y León, País Vasco y La Rioja también han desarrollado sus propias leyes para esquivar en mayor o menor medida uno de los proyectos estrella del Gobierno de Mariano Rajoy.

Paralelamente, el pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite nueve recursos contra la reforma formulados por los Gobiernos de Andalucía, Cataluña, Canarias y Asturias; y los Parlamentos extremeño, catalán, andaluz y navarro, así como el presentado por 130 diputados de PSOE, Izquierda Plural, UPyD y Grupo Mixto. El Constitucional todavía tiene que pronunciarse sobre un décimo recurso, el registrado en julio por cerca de 3.000 Ayuntamientos (de los 8.117 que hay en España) que gobiernan a unos 17 millones de ciudadanos.

Tras esta ofensiva legislativa y judicial, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ha quedado reducida a la mínima expresión ocho meses después de su entrada en vigor. Su gran objetivo, plasmado en la máxima de “una Administración, una competencia”, está siendo papel mojado mientras no se aclara el nuevo sistema de financiación autonómica, cuya negociación ha sido aplazada sine díe por el presidente del Gobierno: “Ahora es imposible”, reconoció Rajoy hace una semana.

Sin más dinero, los Gobiernos autónomos de todo signo político se niegan a rescatar o ceder por convenio los servicios que según esa ley estatal deben dejar de prestar sus municipios: desde oficinas de consumo a casas de acogida de mujeres, albergues, guarderías, centros de mayores, oficinas de turismo o consultorios médicos. La propia reforma ya daba unos plazos muy amplios para ejecutar ese traspaso en cuanto a los servicios sociales y la sanidad, pero la opinión unánime de los alcaldes consultados es que nada se ha movido desde enero.

El alcalde de Santander y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna (PP), lo explica en clave de normalidad frente a “las posturas alarmistas que llegaron a decir que se desmantelarían los servicios sociales, se perderían decenas de miles de puestos e iríamos hacia la privatización”. “Nada de eso ha sucedido”, subraya. Aun así, De la Serna cree que hay una ofensiva de ciertas autonomías para pulverizar la ley y reclama al Gobierno que la defienda. El Ministerio de Administraciones Públicas no ha movido ficha, aunque el Ejecutivo afirma que estudiará si las normas que están aprobando las comunidades vulneran la ley estatal.

El alcalde de Vigo y vicepresidente de la FEMP, Abel Caballero (PSOE), coincide con que apenas se ha notado la entrada en vigor de la reforma local. La legislación autonómica que ha impulsado el Gobierno gallego (PP) con el decidido apoyo de los alcaldes de su partido frena el traspaso de competencias al menos hasta 2015. “El albergue social nos cuesta 750.000 euros. Se lo tendría que quedar la Xunta, pero seguimos con él y pagándolo. En el resto de comunidades prácticamente sigue todo igual”, dice.

Eulalio Ávila, presidente del Colegio de Interventores y secretarios de la Administración Local, razona que uno de los problemas está en la redacción del artículo 25 de la norma, el que regula las competencias de los municipios: “Adolece de cierta ambigüedad. Las comunidades han regulado en general de una manera laxa el desarrollo de la reforma local, que tendría que haber nacido de un pacto de Estado, incluidas comunidades y Ayuntamientos, con un acuerdo amplio. Pero los desarrollos normativos de cada comunidad dejan claro que no había una visión común”, afirma Ávila.

Otro dato: Hacienda prometió que en abril publicaría la lista de las poblaciones que, por incumplir con la estabilidad presupuestaria, no pueden prestar competencias que no se recojan en la ley. Nada se sabe de ese documento. Fuentes municipales aseguran que el departamento de Cristóbal Montoro tiene razones para no mostrarse muy estricto con los alcaldes: la Administración local lleva dos ejercicios aportando superávit a las cuentas públicas y queda menos de un año para las elecciones. “[La ley] se está aplicando bajo mínimos”, analiza el responsable de política municipal de IU, Manuel Fuentes. “Nos lo temíamos la mayoría de los municipalistas: en vez de solicitar la delegación de competencias o la prestación de servicios, se deja hacer porque no se ha solucionado el problema de la financiación municipal. Pero no hay que perder de vista que tanto esta ley como todo lo que el PP ha impulsado, como el plan de pago a proveedores o la ley de estabilidad presupuestaria, pone en riesgo los servicios públicos”, añade.

Fuente: El País

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El presidente de la Diputación de Valencia ve "una barbaridad" que ayuntamientos asuman las competencias de bomberos

El presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, ha tachado hoy de "barbaridad" que sean los ayuntamientos los que asuman las competencias de los parques de bomberos, como prevé la ley de reforma local, y ha anunciado que se "negará" a que la corporación provincial pierda esa responsabilidad.

Rus ha hecho estas declaraciones a los periodistas durante su visita al parque de bomberos de Torrent, donde ha indicado que considera que este aspecto, recogido en el anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), debe ser "revisado, porque no es una realidad".

"Se aprobó, pero las cosas que se aprueban también luego se quitan", ha dicho Rus, para quien las competencias sobre los bomberos las deben llevar la Generalitat o la Diputación.

"Si la Generalitat no lo quiere o no le toca, a nosotros nos toca por obligación y por devoción", ha dicho para añadir: "Yo me he negado totalmente y seguiremos apostando por tener esas competencias, ayudar a los ayuntamientos y que funcionen de forma coordinada varios cuerpos".

Según el presidente de la Diputación, "en las nuevas competencias ya no nos pertenecen las de los parques de bomberos y es una barbaridad porque cada ayuntamiento podría tener una base de cuatro personas".

Rus ha destacado el objetivo de la corporación provincial en seguir invirtiendo en el personal y las instalaciones de los parques de bomberos, para que tengan el material en condiciones, y ha señalado que en breve el parque de Torrent recibirá un nuevo camión de extinción.

También ha señalado que se sacarán próximamente 54 plazas nuevas y otras 46 más en enero, para cubrir bajas, sobre todo de jubilaciones, para mantener el número actual de bomberos en el Consorcio de Bomberos, que asciende a 750.

"Queremos ser serios, pagar el día 30, que es lo mínimo que podemos hacer, y trabajar continuamente en el presupuesto para que la inversión sea continua y las exigencias a nivel profesional estén cubiertas", ha añadido el también alcalde de Xàtiva.

Asimismo, ha destacado la rapidez y la coordinación con la que se actuó en el incendio declarado en Xàtiva anoche, que ya está controlado: "Fue perfecta y en dos horas se solucionó el problema".

"Estamos en una sequía tremenda y cualquier cosa puede originar un incendio", ha recordado para pedir "precaución y sentido común" para que no se produzcan negligencias que puedan provocar un fuego.

Preguntado por la posibilidad de crear un cuerpo especializado en incendios forestales, Rus ha señalado que habría que "revisarlo y estudiarlo", porque ahora la "prioridad" en la Comunitat Valenciana son los incendios.

Fuente: ABC

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Dos de cada cinco trámites ante la administración vasca se pueden realizar de manera íntegra por internet

El 58,7 por ciento de los trámites y procedimientos que oferta el sector público vasco corresponden a los ayuntamientos.

Dos de cada cinco trámites administrativos que se realizan ante las administración vasca se pueden ejecutar íntegramente por Internet, según los datos del Índice de Sofisticación Electrónica de 2013, una estadística gestionada por el Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno vasco.

Este índice mide la evolución y principales características de la administración electrónica desde la perspectiva de la oferta en el conjunto de las administraciones y empresas públicas vascas.

En función de esta estadística, el 58,7 por ciento de los trámites y procedimientos que oferta el sector público vasco corresponden a los ayuntamientos, el 15,6% a las diputaciones forales, el 13% al Gobierno vasco, mientras que el 12,7% restante corresponde a otras entidades públicas como organismos autónomos, Universidad o sociedades públicas.

En conjunto, la administración electrónica ha aumentado entre 2012 y 2013 su Índice de Sofisticación en 4,3 puntos porcentuales, de manera que se ha pasado a ofertar el 39,4% de las gestiones administrativas completamente on-line.

En función de este estudio, dos de cada cinco trámites se pueden realizar de manera íntegra por Internet, el 37,1% permiten descargar los formularios precisos o también cumplimentarlos y enviarlos electrónicamente. En el 23,6% restante se ofrece información.

El Gobierno vasco y los organismos autónomos son las entidades más dinámicas en administración electrónica en la comparativa entre 2012 y 2013, con un aumento de 7,3 puntos el Índice de Sofisticación y de 7,2 puntos, respectivamente.

Las sociedades públicas aumentan 5,8 puntos porcentuales, seguidas de ayuntamientos con 4,5. La Universidad pública y las diputaciones los entes que menos crecen, con 2,1 y 2,3 puntos, respectivamente.

Las administraciones públicas guipuzcoanas permiten tramitar por Internet de forma completa el 43,4% del total de procedimientos y trámites ofertados. Le sigue Bizkaia, con un 37,6%, y finalmente Álava, con un 25,3%.

Según ha explicado el Ejecutivo vasco, Álava, el territorio "más retrasado" en facilitar a sus empresas y ciudadanía las gestiones con las administraciones, es el que más crece en el último año, gracias a la evolución de la Diputación y del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

De este modo, el crecimiento en el Índice de Sofisticación alcanza en Álava los 6,9 puntos porcentuales, Bizkaia 5,2 y 2,4 puntos Gipuzkoa.

La Diputación de Gipuzkoa dobla en 2013 su nivel de sofisticación electrónica con respecto a las otras dos, ya que el 63,1% de sus trámites y procedimientos ofertados se pueden tramitar completamente on-line, si bien sufre un retroceso de 8,6 puntos con respecto a 2012.

El Índice de Sofisticación es del 34,2% en el caso de la Diputación de Álava, tras un incremento de 10,8 puntos, y el 33,6% en la de Bizkaia, que crece en 3,7 puntos en un año.

El Ayuntamiento de Bilbao sigue encabezando el listado de las capitales con mayor nivel de digitalización, aunque San Sebastián y Vitoria-Gasteiz crecieron más el último año.

En concreto, el Ayuntamiento donostiarra experimenta un aumento de 13,8 puntos, hasta alcanzar un Índice de Sofisticación del 48,7%. El de Vitoria-Gasteiz crece 11,4 puntos porcentuales (con un nivel del 33,5%) mientras que el de Bilbao, pese a que es el que más aumenta entre 2010 y 2013, pierde 3,2 puntos porcentuales y se sitúa en el 50,7%.

IMPUESTOS Y TASAS

Dos de cada tres trámites asociados a impuestos y tasas pueden gestionarse de forma completamente electrónica (66,4%), con un crecimiento de 5,8 puntos porcentuales con respecto a 2012. Las gestiones para solicitar servicios ocupa el segundo puesto en 2013, con un 61% y un crecimiento de 3,2 puntos. Los trámites asociados a sanciones alcanzan el 58,7% con una ligera bajada de 3,2 puntos.

Los procedimientos incluidos en el apartado de autorizaciones, obtención de carnés y tarjetas consiguen el mayor crecimiento con 8 puntos porcentuales, alcanzando un 26,6% de Índice de Sofisticación. Certificados y visados también superan la media de crecimiento con 5,8 puntos porcentuales y un Índice del 41,3%.

En el último año, el Gobierno vasco ha centrado sus esfuerzos "más en trámites registrales", con un incremento de su Índice de Sofisticación de 17,6 puntos, que en ayudas y subvenciones, con 8 puntos más.

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Fuente: Europa Press

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Reformas para recortar el gasto público. La ola de fusiones no llega a España

Francia dejará sus 22 regiones en 9 e integrará municipios para que el tamaño mínimo sea de 20.000 habitantes.

Suecia estudia eliminar la mitad de sus 21 regiones

Italia erradicará provincias y creará grandes áreas metropolitanas.

Consecuencia de la crisis, Grecia, Italia y ahora Francia saldrán más ligeras de equipaje. Con el objetivo de reducir gasto público, han decidido adelgazar su aparato administrativo, y la fusión de ayuntamientos, incluso de regiones, ha sido la fórmula que triunfa más allá de Pirineos, pero en España no cuaja. La reforma local impulsada por el Gobierno central no obliga a integraciones y solo incentiva y muy poco las alianzas. La Xunta quiso abanderar la fusión de municipios, pero hasta el momento solo Oza y Cesuras, que suman algo más de 5.000 habitantes, han sellado su unión.

Francia es el último país en Europa que se ha sumado a la lista de Gobiernos que impulsan un drástico recorte en su modelo organizativo. Reducirá regiones y fusionará ayuntamientos. Antes fue Italia, que también recorta escaños y poderes en el Senado, y Grecia. La crisis económica hace temblar las arcas de los Estados, y éstes buscan aligerar las facturas de gasto para contener el déficit, metiendo la tijera al aparato burocrático.La ola de fusiones que estos tres países fuerzan en aras de una mayor eficiencia de la administración no llega sin embargo a España, y eso que hay voces que apuestan por una poda en el número de consistorios, y más las que abogan directamente por cargarse el Senado. La reforma local ya aprobada ha quedado desdibujada y las integraciones serán solo voluntarias y para animar a uniones se contemplan incentivos económicos. Las Diputaciones, que para el BNG por ejemplo deberían desaparecer, son las ganadoras.

El Gobierno trabaja en la revisión de la Cámara Alta para que sea sobre todo cámara de representación territorial, pero ni se le pasa por la cabeza eliminarla, lo que obligaría a un cambio constitucional. La Xunta quiso ser el adalid de las fusiones locales, pero desde que anunció la primera, la de Oza-Cesuras, un concello de la provincia de A Coruña que ahora suma algo más de 5.000 habitantes, no ha cuajado ninguna más. Las reticencias de los regidores son muchas, aunque desde el PPdeG sostienen que alguna se está fraguando.

Francia. El Gobierno socialista de Francois Hollande y su primer ministro, Manuel Valls, de origen español, impulsa un lavado de cara al aparato institucional del país. El objetivo es ahorrar al menos 12.000 millones de euros en los próximos años. La Asamblea gala ya dio el visto bueno solo con el voto de los socialistas al proyecto de ley que dibuja la reducción de regiones, al pasar de 22 a 13. Y solo cuatro se mantienen igual. El nuevo mapa regional entrará en vigor en enero de 2016, pero no se descartan más integraciones. Estas nuevas regiones tendrán más competencias, que quitarán a las provincias o departamentos, que desparecerán a partir de 2020. Las asambleas o consejos generales están ahora integradas por más de 4.000 cargos públicos electos.

En España casi es inconcebible imaginar solo el debate de eliminar autonomías. En el país vecino se ha hecho y además sin suscitar un frente rebelde en las propias regiones. La oposición, además, no es beligerante y si no ha dado el visto bueno al plan de Hollande y Valls, es sobre todo porque se ha presentado a prisa y corriendo y no se ha negociado con ella. ¿Por qué no suscitó el rechazo que seguró levantaría en España? Porque en la nación gala las regiones no tienen el componente identitario que tienen aquí . Y donde lo hay no se ha tocado la región. Es el caso de Bretaña o Alsacia. "Para Francia, reducir regiones solo es un problema de gestión, sin embargo para España es una cuestión política, identitaria e histórica", argumenta Enrique Varela, profesor de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Vigo. "No podemos obviar la tradición jacobina de Francia, mientras que España historicamente es diversa y plural", añade. El proyecto de Hollande y Valls es de calado. También contempla la integración de los municipios de menos de 20.000 habitantes. En la actualidad, Francia es el país con más consistorios del mundo: 36.700. España tiene 8.117. Y reducir a la mitad las 13.400 mancomunidades que prestan servicios a varios ayuntamientos. "Fusionar municipios será más complicado. Tienen más tradición que las regiones y ahí ya hay oposición. Además hay regidores galos con muchos poder en el seno de su partido y en su país son considerados casi como ministros", explica Enrique Varela.

Italia. El primer ministro Matteo Renzi, que llegó al Gobierno a comienzos de año prometiendo una reforma cada mes y cuya "energía y visión" sorprendió al propio Barack Obama, ya llevó a la Cámara de los Diputados en abril el proyecto de ley para suprimir provincias y cambiarlas por ciudades metropolitanas. Renzi, en su propia cuenta de Twittter, defendió entonces que "3.000 políticos dejarán de recibir una pensión del bolsillo de los italianos". El ahorro será de 800 millones de euros al año. Su plan pasa porque a partir de 2015 Italia se divida en ciudades metropolitanas, que sustituirán a las provincias, y con ayuntamientos fruto de la integración de varios consistorios. En España la reforma local pasa por reforzar el papel de las Diputaciones, las grandes beneficiarias del plan de Montoro para modernizar la estructura local del país. Deben prestar los servicios que los ayuntamientos más pequeños no pueden. La fusión de los concellos en España quedó en nada, aunque en torno a este debate se han derramado ríos de tinta. Los regidores dieron un golpe en la mesa y demostraron su poder.

Otra reforma ya esbozada en el papel por el equipo de Renzi y que la oposición italiana intenta boicotear es la del Senado. Renzi, líder en auge tras su éxito en las elecciones europeas, quiere convertirlo en una Cámara de las regiones, con 148 escaños en total, frente a los 320 de ahora. Serán ocupados sin sueldo por los presidentes de las regiones y alcaldes de las capitales de cada región. En este caso, el Gobierno italiano no solo quiere meter la tijera en el apartado de gastos. Busca ganar eficacia, pues Italia, con el sistema bicameral perfecto, podía tardar años en aprobar leyes necesarias para la marcha del país.

En España, se han alzado voces reclamando la eliminación del Senado, que este año maneja un presupuesto de 51,7 millones de euros. Los políticos confiesan su inutilidad y que la Cámara Alta es un cementerio de elefantes, a donde van parar viejas glorias de la política a la espera de la jubilación. El partido en el Gobierno propone una reforma para reforzar su carácter como Cámara de representación territorial, pero el PP se niega a su desaparición.

Grecia. En mayo de 2010, en pleno rescate de la UE, Grecia se cepilló 679 municipios y quedan solo 355 frente a los 1.034 de antes de la explosión de su crisis. Solo sobreviven los Ayuntamientos que tienen más de 10.000 vecinos. El objetivo fue recortar 1.185 millones de euros de gasto público en un país sobrepasado por el endeudamiento. El ahorro de recursos públicos supone también reducir a la mitad los actuales 50.000 cargos políticos municipales griegos.

El Parlamento griego acordó también que los comicios locales se celebren cada cinco años y no cada cuatro para coincidir con las elecciones europeas, y así ahorra 75 millones de euros al hacer coincidir campañas electorales

Suecia. A raíz de la crisis económica, Islandia pasó de 7.200 a 76 ayuntamientos y Letonia, de 500 a 118. Suecia, no tanto por las estrecheces económicas, debate quedarse con menos de la mitad de las 21 regiones en que se organiza ahora. En el pasado ya aplicó un drástico recorte a los consistorios, de 2.282 a 286.

Fuente: El Faro de Vigo

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No cabe equiparar, a efectos de valorar el mismo mérito en el proceso selectivo para el acceso a plazas de Personal Estatutario, las experiencias profesionales desarrolladas en centros públicos y en privados concertados

La Sala estima el recurso interpuesto contra la sentencia que anuló la resolución del Tribunal Calificador, que hizo públicos los resultados de la fase de concurso de las pruebas selectivas para el acceso a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Psiquiatría de Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma de Cantabria, a fin de que se valorara a la demandante la experiencia profesional derivada de su trabajo en un Centro Hospitalario privado concertado.



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El Tribunal de Cuentas pide obligar a los ayuntamientos a rendir cuentas para acceder a ayudas y subvenciones

El 87% utilizaron presupuestos prorrogados en 2012.

El Tribunal de Cuentas cree que hacen falta reformas legales para que la rendición de cuentas fuera un "requisito indispensable" para que las entidades locales puedan acceder a concesión de ayudas y subvenciones públicas, tras constatar que el 35% no presentan sus cuentas generales en el plazo legalmente establecido.

Así lo recomienda en el 'Informe de fiscalización del sector público local' del ejercicio 2012, que recoge Europa Press, en el que el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda analiza las cuentas generales de 13.740 ayuntamientos, entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio, mancomunidades, consorcios, diputaciones provinciales y forales, cabildos y consejos insulares, áreas metropolitanas, comarcas y agrupaciones de municipios.

Según el documento, sólo el 65% de las entidades locales rindieron la cuenta de 2012 en el plazo legalmente establecido, un porcentaje superior al del año anterior pero que aún "debe continuar avanzando" hasta cumplir plenamente la norma. Por ello, el Tribunal cree que un buen incentivo sería vincular la rendición de cuentas al acceso a ayudas y subvenciones.

En este punto, se precisa que el menor grado de rendición correspondió a entidades locales de Andalucía (49%), seguido por Castilla-La Mancha (70%). Por contra, en Baleares y Cantabria el porcentaje de cumplimiento fue cercano al 100% y en Aragón, Galicia y La Rioja se superó el 90%.

También ha mejorado el retraso medio en la presentación de las cuentas de las entidades locales, que en 2012 se situó en los 47 días. En este punto, el organismo fiscalizador apunta que las normativas de la Comunidad de Madrid, Valencia, Andalucía y Castilla y León establecen plazos diferentes a la normativa nacional, por lo que el Tribunal recomienda "regular plazos generales más breves" y homogéneos para todo el país.

PRESUPUESTOS PRORROGADOS

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas alerta de que hasta el 87% de las entidades locales prorrogaron sus presupuestos durante al menos parte del ejercicio 2012, con un retraso medio de 87 días en la aprobación de las cuentas, un plazo que se incrementa según disminuye el tamaño de la población. "La utilización de la prórroga presupuestaria de manera continuada durante cada ejercicio evidencia una inadecuada planificación presupuestaria y económica", critica.

Además, los presupuestos se modificaron en un 25% a lo largo del ejercicio, y en concreto los ingresos apenas alcanzaron el 83% de lo previsto, lo que provocó que se tuvieran que aprobar modificaciones de crédito financiadas con recursos no obtenidos efectivamente, lo que "incide negativamente en la solvencia de las entidades locales".

En estas circunstancias, el organismo fiscalizador reclama medidas para evitar prórrogas de presupuestos, previsiones de ingresos "carentes de posibilidades reales de ser realizados", modificaciones de crédito "sin financiación efectiva" y falta de ajuste de la gestión a las "posibilidades financieras reales de la entidad", porque acaba generando déficit y deuda.

SUFICIENCIA FINANCIERA

No obstante, el Tribunal también reconoce que no todos los desequilibrios financieros de las entidades locales son su responsabilidad, sino que sería necesario establecer "medidas estructurales" para garantizar su "suficiencia financiera", de modo que se eviten "desequilibrios permanentes" que resulten en deuda.

Y es que según el informe las entidades locales sólo tuvieron ingresos para cubrir el 73% de sus competencias, un porcentaje que se reduce apenas al 58% en los municipios de menos de mil habitantes, y que en el caso de las comarcas, mancomunidades y áreas metropolitanas apenas supuso el 17%, 32% y 57% de autonomía, respectivamente.

No en balde, estas entidades se financian "fundamentalmente" gracias a las transferencias corrientes del Estado (32%) y a los ingresos tributarios (48%), un tercio de los cuales corresponden al IBI. Así, un 14% adicional de la financiación proviene del endeudamiento, que en 2012 superó el 88% de las previsiones presupuestadas, en gran medida por la aplicación del plan de pago a proveedores.

REESTRUCTURAR EL SECTOR PÚBLICO

En otro orden de cosas, el Tribunal de Cuentas reconoce que el número de entidades locales permaneció entre 2010 y 2012 "sin variaciones significativas", si bien existen mancomunidades, consorcios y entidades inferiores al municipio que no tenían actividad y cuya existencia "no se encuentra justificada".

Lo mismo sucede con algunas de las entidades dependientes del sector público local, aunque en 2012 se eliminaron 59 entidades públicas empresariales y 22 sociedades mercantiles de participación local íntegra. Además, en ese ejercicio existieron al menos 20 empresas públicas locales en disolución y 18 sociedades mercantiles sin actividad, y casi la mitad de todas las sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales tuvieron pérdidas.

Por ello, el organismo recomienda reestructurar y, en su caso, incluso disolver las mancomunidades, consorcios, entidades inferiores al municipio, sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales locales que no estén desarrollando actividad ni prestando servicio" y garantizar que la creación, actuación y permanencia de este tipo de entes respondan a razones de eficiencia, estabilidad, racionalidad y sostenibilidad financiera.

Asimismo, sugiere ampliar el contenido de la cuenta general de las entidades locales para que recoja también información de los organismos y sociedades mercantiles con una participación mayoritaria, de las fundaciones, y de las sociedades mercantiles locales en las que la participación de varias entidades locales supere el 50% pero que no estén controladas mayoritariamente por ninguna entidad en concreto, ya que estos organismos "en la actualidad se encuentran en la práctica fuera" de la fiscalización.

PERIODOS MEDIOS DE PAGO

El Tribunal de Cuentas también fija en 92 días de media el periodo medio de pago de las entidades locales durante el año 2012, 52 días superior al plazo legalmente permitido. El periodo medio de cobro, por su parte, fue de 63 días, si bien varía mucho entre los diferentes tipos de entidades locales. En cuanto a los derechos dudosos de cobro, ascendieron a 5.751 millones, el 30% de los créditos pendientes de cobro.

Por otra parte, señala que el gasto total por habitante ejecutado ascendió a 962 euros, aunque en los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes se superaron los mil euros por ciudadano. El 61% del gasto se destinó a gastos corrientes y personal, mientras que en la deuda se concentró el 10% del total, lo mismo que en inversiones. De hecho, con un gasto un 7% inferior al del año anterior, la amortización de la deuda fue la única partida que aumentó en 2012 (+34%).

Los servicios que más fondos consiguieron fueron las políticas de bienestar (saneamiento, aguas, basuras, limpieza, alumbrado, etc), con un 42% del total; seguido por la seguridad y la movilidad, con un 23%; y la política de vivienda y urbanismo, con el 21%. Al medio ambiente se destinó el 9% del gasto mientras que a la sanidad, educación, cultura y deporte se fue el 14%, si bien éstas son competencias eminentemente autonómicas. A la protección y promoción social (empleo, pensiones, etc) se fue el 11% del gasto, y otro 8% acabó en actividades económicas, comercio o turismo.

Finalmente, el informe de fiscalización defiende la Plataforma de Rendición de Cuentas, que a su entender "contribuye a mejorar la calidad de las cuentas" y a reducir el número de incidencias, tras el incremento del primer ejercicio de implantación.

Fuente: Europa Press

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PP defiende el plan de pago a proveedores y dice que lo que "es un desastre" es la "deuda" de la Junta de Andalucía a los municipios

La vicesecretaria general del PP andaluz y diputada provincial por Sevilla, Virginia Pérez, ha afirmado que es "lo que es un verdadero desastre y el PP no tolera es que los ayuntamientos sevillanos sigan soportando la asfixia económica a la que les somete a diario la Junta de Andalucía", en respuesta al presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, quien alerta de que la deuda viva de los ayuntamientos ha crecido un 21,42 por ciento entre 2011 y 2013 como consecuencia de los préstamos concertados merced al mecanismo estatal de pago a proveedores promovido por el Gobierno central del PP.

En una nota, Pérez indica que los ayuntamientos sevillanos "tienen que asumir pagos que no le corresponden" porque la Junta "no abona la parte de la financiación de programas o ayudas que son de su competencia", como por ejemplo los talleres de empleo, las escuelas taller, o servicios como los Juzgados de Paz, los Puntos de Atención a la Mujer Servicios, "que si se siguen prestando es porque los ayuntamientos hacen un sobreesfuerzo y abonan su parte y la que le correspondería abonar a la Junta, que no lo hace". "Y encima, cuando lo hace y cumple con su obligación, lo hace bastante tarde y mal, como ha sucedido con la dependencia", añade.

Para Pérez, "la verdadera defensa del municipalismo se demuestra dotando de liquidez a los ayuntamientos y trabajando sin descanso por los vecinos, en lugar de llevándolos a la quiebra como ha hecho, hace y esperemos que no siga haciendo por el bien de los sevillanos el gobierno de Susana Díaz, que como vemos es del agrado de Villalobos pese a que la deuda de los ayuntamientos la ha provocado la desidia de la Junta de Andalucía".

Afirma que, "gracias" al Plan de Pago a Proveedores, los ayuntamientos de la provincia han podido pagar 108.306 facturas por valor de 287 millones de euros. Sin embargo, considera que está claro que el "interés" de Villalobos es que la reforma local se lleve a cabo, porque c"on esta reforma se cumple con la legalidad y se acaba con los por desgracia famosos chiringuitos y agencias de colocación del PSOE en los que muchos entes públicos se han convertido estos últimos años, como bien sabe el presidente de la Diputación de Sevilla".

Además, asegura que Villalobos no está "legitimado" para hablar de municipalismo cuando su partido "mantiene desde hace años en continua asfixia económica a los ayuntamientos sevillanos, a los que debe transferencias por valor de 130 millones de euros". "Es lamentable que Villalobos, en lugar de velar por los intereses de los ayuntamientos, siga el dictado de sus compañeros de partido que gobiernan en la Junta y cargue por duplicado contra una ley del Gobierno central que ordena las competencias y la financiación de los ayuntamientos", agrega.

Pérez recomienda a Villalobos que deje a un lado "tanta confrontación" con el Gobierno de Rajoy y se siente con su compañera de partido y presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el vicepresidente andaluz, Diego Valderas, y "les pregunte hasta cuándo van a asumir las competencias que tiene que prestar la Junta y cumplir así con su obligación y responsabilidad con los ciudadanos".

"Para Villalobos, el municipalismo es asfixiar a los ayuntamientos al dejar que los mismos hagan frente a determinados servicios que tienen que ser financiados por la Junta. Para el PP, el municipalismo es defender los intereses de los ayuntamientos y velar por el bienestar y la calidad de vida de los vecinos", sentencia.

Según Pérez, "como presidente de la Diputación, la responsabilidad de Villalobos es defender y velar por los intereses de los Ayuntamientos y luchar para que la Junta pague su aportación en políticas sociales y otras políticas, pero Villalobos prefiere mirar para otro lado mientras son los ayuntamientos quienes pagan lo que la Junta debe, que no es poco".

Fuente: Europa Press

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La deuda de los ayuntamientos de la provincia de Sevilla crece un 21% por los préstamos de los planes de pago

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), ha alertado de que la deuda viva de los ayuntamientos de la provincia ha crecido un 21,42 por ciento entre 2011 y 2013 como consecuencia de los préstamos concertados merced al mecanismo estatal de pago a proveedores promovido por el Gobierno central del PP, censurando además los efectos de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, la conocida como reforma local.

En declaraciones a Europa Press, Rodríguez Villalobos ha evaluado los primeros meses de funcionamiento de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que incide especialmente en las competencias de los ayuntamientos. La nueva ley reconoce como competencias "propias" de los ayuntamientos el urbanismo, la vivienda protegida, el medio ambiente urbano, el abastecimiento de agua, el viario público, la Policía Local, el tráfico urbano o la promoción turística, por ejemplo, pero por contra, determina que los servicios sociales y la sanidad, entre otras materias determinantes, son competencia de las comunidades autónomas, si bien admite la posibilidad de delegaciones.

Frente a esta regulación, el Gobierno andaluz de PSOE e IU-CA ha promovido un decreto Ley que, merced a la Ley de Autonomía Local de Andalucía (Laula) y la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), reserva para los ayuntamientos 29 competencias, toda vez que dicho decreto Ley surge en paralelo a la impugnación de la citada ley ante el Tribunal Constitucional.

RECURSO AL CONSTITUCIONAL

En paralelo, los parlamentos de Extremadura, Cataluña y Navarra, los gobiernos autonómicos Andalucía, Asturias, Cataluña y Canarias y varios partidos de la oposición han recurrido la nueva regulación ante el Tribunal Constitucional.

A tal efecto, el presidente de la Diputación de Sevilla explica que este enfrentamiento, así como los conflictos derivados de la adaptación de los programas que los ayuntamientos desarrollan en materia de empleo, formación para el empleo o servicios sociales, ponen de relieve que la reforma local está cayendo como un "verdadero desastre" en los ayuntamientos, que sufren "una regresión en la autonomía municipal y, por ende, en la calidad y cantidad de los servicios que prestan a sus vecinos y vecinas".

"De ahí la constante y permanente denuncia de los sindicatos, por ejemplo, en el Ayuntamiento de la capital, ante la merma de servicios que representa la reforma local en materia social", enfatiza el presidente de la Diputación, quien habla de un "secuestro de la autonomía local" y de un "acoso y derribo" del Gobierno central del popular Mariano Rajoy a los ayuntamientos.

LAS CIFRAS NO ENGAÑAN

En ese sentido, ha detallado los efectos, en números, de los decretos promovidos por el Gobierno central del PP para que los ayuntamientos concertasen préstamos al objeto de conseguir liquidez para pagar las deudas pendientes con sus proveedores. Y es que las cifras, según Villalobos, ponen de manifiesto que la deuda viva de las administraciones locales de la provincia de Sevilla rondaba los 963 millones de euros en 2009, se redujo a 873 en 2010, bajó de nuevo a 859 millones en 2011, pero a partir de las citadas medidas estatales de 2012, este indicativo creció hasta los 1.073 millones de euros ese año y sólo se contrajo hasta los 1.043 millones al cierre del último ejercicio en 2013.

"Mientras entre 2009 y 2011, de manera natural, la deuda viva de los ayuntamientos sevillanos se reducía en 104 millones de euros (un diez por ciento), desde ese momento hasta hoy esa misma deuda viva ha crecido en 184 millones de euros, lo que implica una subida del 21,42 por ciento", avisa Rodríguez Villalobos.

Todo cuando el sector de la administración local es "el único que viene cumpliendo, ajustándose desde hace mucho tiempo a la nueva coyuntura económica y ajustando su gasto a sus ingresos", extremo que según defiende ha partido del propio "sentido común" de los gobernantes locales y no de las "saetas" del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, dirigido por Cristóbal Montoro.

Fuente: Europa Press

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